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16 empresas solicitaron licencia para pronósticos deportivos

20 de noviembre de 20267 min de lectura
16 empresas solicitaron licencia para pronósticos deportivos

El Gobierno recibió 16 solicitudes formales de empresas que aspiran a obtener la Licencia para ser Operadores de Pronósticos Deportivos en Ecuador; todas estaban en análisis hasta el 11 de noviembre de 2026, informó el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. La autorización es obligatoria desde la entrada en vigencia del Reglamento a la Ley de Deportes en junio de 2026 y busca poner orden en un sector con información pública limitada.

Qué significa este registro y por qué importa

En la práctica, la nueva licencia permitirá identificar con claridad cuántas plataformas operan legalmente en el país y someterlas a requisitos fiscales y administrativos. El Gobierno y las instituciones regulatorias han señalado la falta de transparencia histórica: en 2024 el Servicio de Rentas Internas (SRI) publicó inicialmente un catastro con 65 sujetos —entre empresas y personas naturales— dedicados a pronósticos deportivos, pero ese listado desapareció del portal público posteriormente.

PRIMICIAS solicitó al SRI el catastro y pidió explicación sobre la remoción del listado, sin obtener respuesta. En paralelo, la Superintendencia de Compañías entregó, con corte a junio de 2026, un registro de 29 empresas activas según el CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) correspondiente a esta actividad.

Plazos y condiciones que fija el reglamento

El Reglamento establece varias obligaciones y límites clave:

  • Las plataformas que ya operaban antes de la vigencia del reglamento podían continuar si presentaban su solicitud de autorización en un plazo de 90 días, contado desde el día siguiente a la entrada en vigencia de la norma. Ese plazo venció el 21 de octubre de 2026.
  • Las empresas constituidas que no presentaron la solicitud dentro de ese término no podrán acceder a la licencia posteriormente.
  • A quienes no solicitaron la licencia se les restringe la constitución de nuevas sociedades, el cambio de denominación social, la cesión de activos, el uso de terceros o cualquier mecanismo equivalente.
  • A las sociedades con menos de tres años de constitución se les exigirá información desde la fecha de constitución; solo las sociedades con menos de un año quedan exentas de ese requisito.

Requisitos económicos y garantías

La licencia tiene una vigencia de cinco años y su costo fue fijado en un monto equivalente a 655 Salarios Básicos Unificados (SBU). Tomando como referencia el SBU de 2026, de USD 482, el pago ascendería a USD 315.710. Tras la notificación del otorgamiento, la plataforma tendrá un mes para constituir una garantía bancaria o póliza de fiel cumplimiento que respalde el pago de premios a los usuarios.

Esos requerimientos buscan asegurar la solvencia de las plataformas y la protección de los derechos de los jugadores, y al mismo tiempo facilitar la fiscalización tributaria y el control administrativo.

Quiénes pidieron la licencia

Entre las 16 solicitudes figuraron empresas y marcas ya reconocidas en el mercado ecuatoriano. En el listado aparecen nombres como Ecuabet, identificada por la Superintendencia de Compañías como la que más ingresos registra en la actividad; Bet593, operada por la Junta de Beneficencia de Guayaquil; y la marca Forbet.

La presencia de estas firmas en el registro permite a las autoridades evaluar si cumplen con los requisitos técnicos, financieros y de transparencia previstos en el reglamento.

Conflictos de interés y prohibiciones

El nuevo reglamento proscribe la participación directa de dirigentes deportivos en la titularidad o administración de casas de pronósticos. El numeral cuatro del artículo 238 establece que no podrán ser titulares de la licencia: "Los dirigentes que mantengan intereses financieros, participación accionaria o vínculos comerciales con operadores de pronósticos deportivos. Esta prohibición se extiende también a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad".

Ese apartado responde a casos concretos que han generado controversia pública. El 9 de septiembre de 2026, el exfutbolista Luis Chérrez afirmó que el club ahora llamado Inter de Quito es administrado por la casa de pronósticos Forbet, una vinculación que está prohibida por la Ley del Deporte. Documentos remitidos por el club al Viceministerio del Deporte el 12 de agosto de 2026 mostraron que seis integrantes del directorio son familiares de Carlos Xavier Arias Villavicencio, socio fundador de Forbet SC.

Con la norma en vigencia, la participación de dirigentes o de sus familiares en operadores de pronósticos podría derivar en la denegatoria de la licencia o en la imposición de sanciones.

Diferencias entre registros: SRI vs. Superintendencia

Las discrepancias entre las cifras públicas son notorias: mientras en 2024 el SRI informó 65 sujetos registrados en un primer catastro, la Superintendencia de Compañías reportó 29 empresas activas a junio de 2026. El nuevo procedimiento de licenciamiento apunta a un registro definitivo y público que permita conciliar estas cifras y evitar la opacidad sobre quiénes operan y bajo qué condiciones.

La falta de respuesta del SRI a pedidos de aclaración —según la investigación citada— alimenta la demanda de mayor transparencia y coordinación institucional.

Qué sucederá con las empresas que no solicitaron la licencia

Las empresas que no presentaron la solicitud dentro del plazo legal enfrentan restricciones que, de mantenerse, les impedirán operar con normalidad o reorganizarse legalmente. No podrán constituir nuevas sociedades ni hacer cambios societarios que les permitan eludir la prohibición. Además, su falta de registro puede implicar sanciones administrativas y fiscales si se detecta operación irregular.

Las autoridades deberán evaluar caso por caso: las sanciones y la pérdida de derechos societarios dependerán de la constatación de actividades no autorizadas y del grado de incumplimiento.

Próximos pasos y expectativas

Con las 16 solicitudes en análisis, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura determinará quiénes cumplen con los requisitos técnicos, financieros y de integridad. Si las plataformas obtienen la licencia, tendrán un mes para constituir la garantía exigida y deberán cumplir obligaciones tributarias y de reporte previstas por la Ley de Eficiencia Económica y el régimen especial de Impuesto a la Renta aplicable a esta actividad.

A mediano plazo, se espera que el registro público de operadores contribuya a mayor control del mercado, mayor recaudación fiscal y protección de usuarios. Sin embargo, las divergencias previas entre catastros y la eliminación del listado del SRI muestran que aún hay retos de transparencia institucional.


FAQ

¿Cuántas solicitudes recibió oficialmente el Ministerio?

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que recibió 16 solicitudes de empresas hasta el 11 de noviembre de 2026; todas estaban en análisis.

¿Qué pasa con las empresas que no pidieron la licencia dentro del plazo?

Las empresas que no presentaron la solicitud en el plazo de 90 días (vencido el 21 de octubre de 2026) no podrán acceder a la licencia y enfrentan restricciones para cambiar su estructura societaria o ceder activos.

¿Cuánto cuesta la licencia y por cuánto tiempo es válida?

El monto es equivalente a 655 SBU; con el SBU 2026 (USD 482) la licencia sería de USD 315.710. La vigencia de la licencia es de cinco años.

¿Qué garantías deben presentar las plataformas autorizadas?

Tras la notificación del otorgamiento, la plataforma tiene un mes para presentar una garantía bancaria o póliza de fiel cumplimiento que respalde el pago de premios a los usuarios.

¿Quiénes aparecen entre las empresas que solicitaron la licencia?

En el listado se registraron marcas como Ecuabet, Bet593 y Forbet, entre otras.

¿Qué prohíbe el reglamento respecto a dirigentes deportivos?

El numeral cuatro del artículo 238 prohíbe que dirigentes con intereses financieros, participación accionaria o vínculos comerciales con operadores de pronósticos deportivos sean titulares de la licencia; la restricción alcanza a familiares hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.


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