Abogados en Ecuador enfrentan riesgos al defender casos penales
Riesgos y ataques contra abogados defensores en Ecuador
La defensa penal en Ecuador enfrenta una realidad compleja y peligrosa, evidenciada por casos trágicos como el asesinato del abogado Harrison Salcedo en abril de 2021 y el atentado fatal ocurrido en octubre de 2026 contra Leonardo Toledo Torres. Ambos juristas estuvieron involucrados en procesos judiciales vinculados a personas procesadas por delitos graves y casos de alto perfil.
Salcedo fue asesinado en Quito en medio de la investigación sobre vínculos con grupos del crimen organizado, mientras que Toledo fue atacado en Guayaquil y defendía a figuras relacionadas con la justicia guayasense. Estos hechos exponen la vulnerabilidad que enfrentan los profesionales que asumen la defensa de casos penales en un contexto signado por la violencia organizada.
Testimonios y análisis sobre presiones en la defensa penal
El especialista en seguridad y abogado en servicio pasivo, Kléber Carrión, explica que los defensores muchas veces están sometidos a presiones que exceden el trabajo jurídico tradicional. Cuando está en juego la libertad de un cliente procesado, los delincuentes suelen exigir resultados concretos, a veces mediante amenazas o sobornos.
“Las propuestas ya no solo buscan ser defendidos, sino la liberación a toda costa”, dice Carrión, enfatizando que dichas exigencias pueden comprometer la integridad del abogado y ponerlo en riesgo si no cumple con las expectativas, ya sea por voluntad o coerción.
Un caso ilustrativo es el de un abogado que por seguridad prefirió mantener su identidad anónima. Relata cómo familiares de una persona encarcelada por tenencia de armas le exigieron que presentara un recurso de apelación de manera inmediata, presión que lo llevó a desistir de asumir el caso para evitar complicaciones mayores.
La postura gremial frente a las amenazas y garantías
El presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jorge Yánez, reconoce las presiones que enfrentan sus colegas, pero advierte la importancia de definir claramente los límites de lo que se puede garantizar dentro de la defensa legal.
“Les he pedido a los abogados que no aseguren resultados, sino que informen que lucharán por ellos”, comenta Yánez. Además, subraya la necesidad de mantener la relación abogado-cliente en estrictos términos profesionales para evitar conflictos.
Por otra parte, insiste en que la generalización respecto al vínculo de abogados con actividades delictivas debe evitarse. “Hay quienes se desvían y son parte de la delincuencia, pero no es justo aplicar sospechas a todos”, concluye.
Casos y estadísticas de atentados y protección insuficiente
Según el Observatorio de Derechos y Justicia, entre enero y agosto de 2026 se reportaron 19 alertas por ataques vinculados a procesos de justicia. Esta realidad obliga a discutir las garantías de seguridad para los defensores penales.
Aunque algunos abogados cuentan con resguardo policial tras evaluación de riesgos, el Colegio de Abogados del Guayas señala que el Estado carece actualmente de recursos suficientes para ofrecer protección eficaz y oportuna a sus colegiados.
El abogado Fernando (identidad protegida) dice que prefiere manejar sus propios criterios para aceptar casos, ya que solicitar protección estatal puede consumir tiempo y recursos. Por ello, reclama que haya mayor presencia y seguridad para los defensores públicos, quienes atienden gran parte de la población y deben contar con garantías elementales.
La defensa profesional y la Ley Antimafias: límites y sanciones
Una preocupación central es la diferencia entre la defensa legal legítima y el uso de la profesión para favorecer a grupos ilícitos. El proyecto de Ley Antimafias prevé sanciones para abogados y contadores que recurran a sus conocimientos para apoyar a organizaciones criminales.
Entre las medidas está la suspensión de licencias profesionales por el tiempo equivalente a la pena impuesta en sentencias por delitos relacionados con crimen organizado. La iniciativa aclara que la defensa legal de personas ligadas a estos delitos no es, por sí sola, un ilícito.
El proyecto sigue en trámite legislativo y deberá superar el segundo debate y la votación en la Asamblea Nacional, prevista para noviembre de 2026.
Para el veterano abogado Raúl Llerena Guerrero, quien sobrevivió a un atentado en 2019, es fundamental distinguir la labor profesional de sus clientes. “Ningún abogado debe ser blanco de represalias por cumplir la función constitucional de defender”, explica, insistiendo en que la protección de los defensores es clave para la vigencia del Estado de derecho.
Impacto y retos pendientes para el ejercicio de la defensa penal
La violencia y las presiones que enfrentan abogados que participan en casos penales relacionados con el crimen organizado representan un desafío serio para el sistema judicial ecuatoriano. Garantizar la seguridad de estos profesionales es una tarea pendiente por ejecutar con urgencia.
El diálogo entre gremios, autoridades y especialistas abre espacio para repensar mecanismos de protección y respuesta estatal, con el fin de fortalecer el derecho a una defensa justa y segura para todos los procesados.
Preguntas frecuentes
¿Por qué son atacados los abogados defensores en Ecuador?
Los abogados que defienden casos penales ligados al crimen organizado enfrentan amenazas y presiones que buscan influir en los procesos judiciales, lo que los hace blanco de atentados o presiones.
¿Defender a un procesado es un delito?
No, la defensa penal es un derecho constitucional. La sanción solo aplica si el profesional usa su posición para favorecer dolosamente a organizaciones criminales.
¿Qué medidas existen para proteger a los abogados?
Algunos abogados cuentan con resguardo policial tras evaluación de riesgo. Sin embargo, las autoridades reconocen limitaciones en recursos y velocidad para atender solicitudes de protección.
¿Qué establece la Ley Antimafias para los abogados involucrados con el crimen?
Plantea sanciones que incluyen suspensión de licencias por el tiempo de la pena impuesta, buscando impedir que profesionales faciliten actividades ilícitas.
¿Cómo recomiendan los expertos que actúen los abogados ante presiones?
Mantener límites profesionales claros, no asegurar resultados y evaluar riesgos antes de asumir casos para preservar su integridad.
¿Cuál es la importancia de proteger a los abogados defensores?
Proteger a los abogados significa garantizar el derecho a la defensa y reforzar el Estado de derecho, evitando que el miedo o la intimidación limiten la justicia.
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