Asamblea aprueba Ley de Aviación Civil y genera rechazo
La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Aviación Civil el 24 de septiembre con 88 votos a favor, 60 en contra y la abstención del Partido Social Cristiano (PSC). La norma, impulsada por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y presentada por el expresidente de la Asamblea Niels Olsen, divide a la política nacional: el oficialismo destaca beneficios para la conectividad y el turismo, mientras la oposición alerta sobre riesgos para la descentralización y la gestión municipal de aeropuertos.
Qué aprobó la Asamblea y cuándo
El pleno aprobó la norma en la sesión del 24 de septiembre. La iniciativa incluye disposiciones sobre operación de aeropuertos, vuelo de drones, régimen de apertura a nuevas aerolíneas y la consolidación del concepto de cielos abiertos como política aérea nacional.
Entre los puntos destacados por quienes respaldaron la ley está la posibilidad de abrir espacios para que nuevas aerolíneas operen en Ecuador y la facultad, en situaciones especiales, de permitir la participación de empresas privadas en la coadministración de terminales aéreas.
Defensa del oficialismo: conectividad, empleo y pasajes más baratos
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, fue la voz principal del oficialismo durante el debate. Centeno aseguró que la normativa “abre al país las puertas a la conectividad con el mundo” y que su objetivo va más allá de aeropuertos y drones: busca incentivar el turismo y generar empleo.
Como argumento técnico, la asambleísta citó inversiones realizadas en la modernización y construcción de cuatro terminales —Tena, Santa Rosa, Latacunga y Esmeraldas— por un monto aproximado de USD 147 millones, y planteó que varias de esas obras carecen de un modelo de operación eficiente y generan pérdidas al Estado.
ADN sostuvo que, ante esa realidad, es necesario contemplar mecanismos que permitan la participación privada en la gestión o coadministración de aeropuertos “en situaciones especiales” y bajo condiciones favorables para el Estado, con la expectativa adicional de que mayor competencia reduzca el precio de los pasajes.
Cielos abiertos
Otra pieza central de la iniciativa es la elevación a rango de ley del concepto de cielos abiertos, propuesta que, según el oficialismo, facilitaría el arribo de nuevas aerolíneas y mejoraría la oferta de servicios aéreos para los usuarios.
Críticas de la oposición: descentralización y soberanía
La bancada de Revolución Ciudadana (RC), que votó en bloque en contra (60 votos), planteó objeciones de fondo. El asambleísta Diego Salas reconoció la necesidad de modernizar la normativa aeronáutica, pero advirtió que ello no debe implicar una merma de la soberanía ni la renuncia a garantías laborales y nacionales.
Salas cuestionó puntualmente la eliminación —según su interpretación del texto aprobado— de la disposición que exige que las aeronaves con matrícula ecuatoriana cuenten con una tripulación conformada en su totalidad por connacionales. Para RC, ese cambio dejaría abiertas “puertas” que afectarían la soberanía laboral y operativa del país.
La oposición también rechazó la fórmula que, en su opinión, permitiría a empresas privadas administrar en su totalidad aeropuertos que actualmente están bajo la competencia municipal.
Postura del PSC y exigencia de reforma
El Partido Social Cristiano se abstuvo en la votación y, desde posiciones críticas, pidió que se modifique la norma para proteger competencias municipales. Un legislador socialcristiano manifestó que, salvo por el punto referido a la administración total de aeropuertos por privados, la ley podría considerarse positiva, pero condicionó su apoyo a la supresión o reformulación de esa disposición.
El reclamo del PSC y del correísmo está centrado en que la iniciativa, tal como fue aprobada, podría interferir en la competencia de municipios como los de Quito y Guayaquil, que administran terminales mediante concesiones y consideran que ese ámbito debe preservarse desde las autoridades locales.
Implicaciones para aeropuertos municipales y servicios
Los críticos temen que la norma permita una centralización de decisiones o que delegue facultades que hoy ejercen gobiernos locales. El debate público se centrará en cómo conciliar la necesidad de modernizar la infraestructura y atraer operadores internacionales, con el respeto a la autonomía municipal en la gestión aeroportuaria.
Para el oficialismo, sin embargo, la reforma es una vía para mejorar la eficiencia operativa de terminales que han requerido inversiones fiscales significativas y que, según ADN, no han generado retorno por falta de modelos de gestión sostenibles.
Próximos pasos y vigencia
Con la aprobación en el pleno, la ley seguirá su trámite de publicación y entrada en vigencia según los plazos constitucionales y reglamentarios. En adelante es probable que se presenten recursos o demandas de inconstitucionalidad por parte de sectores que consideran vulnerados los principios de descentralización, así como solicitudes de aclaración o reformas por parte de legisladores que condicionaron su apoyo.
Mientras tanto, sectores vinculados a la aviación civil, autoridades municipales y usuarios seguirán de cerca la normativa, sobre todo en lo relativo a reglamentos secundarios que definirán detalles operativos y competencias específicas.
Contexto político
La aprobación de esta ley se da en un clima de fuerte polarización entre bancadas. ADN celebró la votación como un avance para la competitividad y apertura; RC y sectores del PSC, en cambio, anticipan desafíos legales y administrativos que podrían traer conflictos entre Gobierno central y administraciones municipales.
Preguntas frecuentes
¿Qué votación tuvo la Ley de Aviación Civil en la Asamblea?
La ley fue aprobada el 24 de septiembre con 88 votos a favor, 60 en contra y la abstención del PSC.
¿Quiénes impulsaron la norma?
La iniciativa fue impulsada por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y presentada por el expresidente de la Asamblea Niels Olsen.
¿Cuáles son las principales críticas de la oposición?
La oposición —principalmente Revolución Ciudadana y parte del PSC— afirma que la ley podría afectar la descentralización, permitir la administración total de aeropuertos por privados y debilitar disposiciones sobre tripulación 100% nacional en aeronaves con matrícula ecuatoriana.
¿Qué beneficios dice ofrecer el oficialismo?
El oficialismo asegura que la norma mejorará la conectividad, favorecerá el turismo, generará empleo y podría reducir el precio de los pasajes al facilitar la llegada de nuevas aerolíneas bajo el esquema de cielos abiertos.
¿Qué aeropuertos fueron mencionados como inversión reciente?
Durante el debate se citó la inversión en los aeropuertos de Tena, Santa Rosa, Latacunga y Esmeraldas, por un monto aproximado de USD 147 millones.
¿Qué sigue después de la aprobación?
Tras la aprobación en la Asamblea, la ley deberá ser publicada y sus reglamentos secundarios definidos; además pueden presentarse impugnaciones legales o demandas por los sectores que se oponen a su contenido.
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