Asesinan al 'Comandante Vicente', capo de la minería ilegal

La mañana del lunes 10 de agosto de 2026, alrededor de las 10:09, una alerta al ECU-911 reportó el hallazgo de un cuerpo sobre la calzada en el sector Las Piedras, parroquia Camarones, cantón Esmeraldas, sobre la vía E-15 norte.
Agentes policiales encontraron a un hombre tendido boca abajo con múltiples impactos de arma de fuego y varias vainas percutidas a su alrededor. A unos 300 metros, entre la maleza de una entrada de tercer orden, localizaron un segundo cadáver. En total se levantaron once vainas de calibre 9 mm.
Los moradores dijeron haber escuchado alrededor de diez disparos, pero no vieron a los responsables.
Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Eduardo Fabricio Angulo Sosa y Vicente Ramón (o Simón) Angulo Sosa. Este último, de aproximadamente 35 años, portaba un grillete electrónico en el tobillo derecho (código 001990) y era conocido como alias “Comandante Vicente”.
Información preliminar indica que se movilizaban en una camioneta blindada con placas de Manabí y habrían sido interceptados antes del ataque.
La Dinased y Criminalística permanecen en la investigación.
El hecho se sumó a una jornada de violencia en Esmeraldas que también incluyó un ataque en el barrio Santa Rosa (Los Come Nupa) que dejó cuatro muertos, entre ellos una adolescente de 16 años.
“Comandante Vicente” no era un delincuente cualquiera. Desde al menos 2022 se lo consideraba uno de los principales mandos de Los Lobos en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay, y en zonas aledañas de Zamora Chinchipe.
Según informes de inteligencia, dirigía las operaciones de minería ilegal, el cobro de “vacunas” (extorsiones) a mineros y concesionarios, y el tráfico de armas y explosivos.
Ponce Enríquez fue capturado el 30 de marzo de 2024 en un operativo militar-policial en el sector Santa Martha de ese cantón, pero semanas después un juez lo liberó con medidas sustitutivas, decisión que generó rechazo de las autoridades de seguridad.
La minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez se convirtió en uno de los motores económicos más rentables del crimen organizado en el sur del país.
El cantón, límite entre Azuay, Guayas y El Oro, concentra una de las mayores capacidades de extracción de oro del Ecuador.
Los Lobos controlaban alrededor de 20 minas ilegales y extorsionaban a titulares de unas 30 concesiones legales.
Grupos de mineros ilegales (estimados en unos 40) operaban bajo su mando, generando ingresos mensuales que, según estimaciones de inteligencia, superaban los 3,6 millones de dólares.
El esquema incluía la toma forzosa de concesiones mediante intimidación o violencia, el procesamiento del mineral y su comercialización mezclada con producción legal para ocultar el origen ilícito.
Parte de esos recursos financiaba armamento, sicariato y expansión territorial de la organización, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación de México.
La relación entre el asesinato en Esmeraldas y las operaciones en Ponce Enríquez es directa: Vicente Angulo Sosa era el “cerebro” de esa economía criminal.
Su muerte, mientras portaba grillete electrónico y se encontraba lejos de su zona de influencia original, se interpreta como un posible ajuste de cuentas interno o una represalia entre facciones de Los Lobos (incluyendo la disputa con el grupo conocido como Los Lobos Box).
En julio de 2026, la captura del exalcalde de Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo Cabrera, señalado como financista de la misma organización y vinculado a una red de lavado de activos por más de 3 millones de dólares proveniente de la minería ilegal, evidenció la profundidad de estos vínculos entre poder local, oro ilícito y estructuras delictivas.
La violencia no cede.
Según cifras del Ministerio del Interior, entre enero y junio de 2026 Ecuador registró 4.154 homicidios intencionales, el segundo primer semestre más violento de su historia reciente (solo superado por los 4.659 de 2025).
Aunque las autoridades reportan una reducción aproximada del 8 % respecto a periodos comparables del año anterior, el promedio diario se mantiene elevado (alrededor de 19 a 23 muertes).
Hasta el 11 de agosto de 2026, el país acumula más de 4.500 muertes violentas en lo que va del año, en un escenario donde el 85 % de estos crímenes se vincula al crimen organizado y la violencia se ha desplazado hacia nuevos cantones.