Caso Goleada: juez Jairo García niega pedido de excusa de Gioconda Henriques

El juez del caso Goleada, Jairo García, negó un pedido de excusa en su contra que hizo Gioconda Henriques, madre del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Los intentos de apartar al juez de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado Jairo García, del denominado caso Goleada, continúan por parte de los procesados.
El pasado 4 de agosto de 2026, Gioconda Henriques, madre del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ambos procesados, junto a 24 personas naturales y jurídicas más, por lavado de activos, a través de su abogado Francisco Córdova solicitó al magistrado que se excuse de continuar al frente de este proceso.
La madre del alcalde argumentó que su abogado Francisco Córdova también es abogado del juez Jairo García en un proceso disciplinario que el Consejo de la Judicatura (CJ) sigue en su contra.
Además, Henriques expuso que Córdova es patrocinador de García en otra investigación que está siendo sustanciada.
Gioconda Henriques invocó los artículos 572 y 22 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre las causas de excusa y recusación y sostuvo que el juez del caso Goleada incurriría en tener vínculo con las partes, la víctima o sus defensores por intereses económicos y tener, presuntamente, alguna obligación pendiente con alguna de las partes o sus defensores.
“No existe duda entonces de que dentro del presente proceso penal, en torno a la imparcialidad de usted, esta podría verse afectada bajo la óptica de los sujetos procesales, puesto que de continuar sustanciando esta causa como juez y director judicial del proceso, se verifica que existe claramente un vínculo entre mi defensor privado y su persona”, dice la madre de Aquiles Alvarez en su escrito.
El pedido de la investigada para que Jairo García se aparte del caso Goleada fue negado por el juez en una providencia emitida el 6 de agosto en la que sustentó que él ya presentó una solicitud de excusa, pero que fue negada el 6 de julio pasado por el juez Renán Andrade.
El magistrado, recordó García, argumentó su decisión en “la falta de acreditación probatoria idónea de la causal invocada, en la inobservancia del principio de derecho penal de acto y no de autor aplicable a la Función Judicial, y en la prohibición legal de alterar la competencia por circunstancias contractuales supervinientes, conforme lo manda el artículo 163, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial”.
Asimismo, el juez del caso Goleada dio un plazo no mayor a 72 horas para que Gioconda Henriques designe a un nuevo abogado que le asista dentro de esta causa, debido a que su defensa Diego Córdova está impedido de intervenir en este caso por existir norma expresa que así lo establece, en el artículo 335 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Jairo García advirtió que de no designar un profesional del derecho dentro del tiempo establecido, procederá a disponer la designación de un defensor público para que ejerza la defensa técnica y jurídica de la madre de Aquiles Alvarez.
El juez del caso Goleada consideró que esto podría tratarse de una maniobra dilatoria encaminada a retardar la sustanciación de la audiencia preparatoria de juicio y a poner en entredicho su continuidad en este proceso penal.
El caso Goleada se encuentra en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio que no ha podido instalarse debido a varios incidentes como pedidos de diferimiento, ausencia de abogados y hasta una demanda de recusación que la defensa de Aquiles Alvarez presentó en contra del mismo juez Jairo García, que fue rechazada por el juez José Sebastián Cornejo Aguiar.
Tras superar estos incidentes, el juez de esta causa volvió a convocar para el martes 11, miércoles 12, jueves 13, viernes 14, sábado 15, lunes 17, martes 18, miércoles 19, jueves 20, viernes 21, sábado 22, lunes 24, martes 25, miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de agosto, a las 09:00, a la audiencia preparatoria de juicio, de manera presencial y virtual.
En el caso Goleada existen veintiséis investigados por el delito de lavado de activos, entre ellos el alcalde Aquiles Alvarez; sus hermanos Xavier y Antonio; su madre, Gioconda Henriques; su esposa, Fiorella Icaza; sus primos Andrés y Fernando Viteri; el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Raúl Chávez y su hermano Gabriel Chávez.
La Fiscalía acusa a Aquiles Alvarez y a su familia de conformar una presunta estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles que habría servido para lavar dinero.