Cayambe: comunidad indígena logra libertad en caso Jaque

Respuesta directa: La Sala Especializada Penal de Pichincha admitió la intervención de la Comunidad Indígena La Libertad (Cayambe) y, tras valorar el testimonio del dirigente comunal, resolvió el 31 de julio de 2026 cambiar la prisión preventiva por medidas sustitutivas para Segundo Fermín L. Q., procesado en el Caso Jaque que investiga una red de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

H2: Qué es el Caso Jaque y cómo llegó hasta aquí

El Caso Jaque es una investigación por presunta corrupción que involucra a 16 personas, en su mayoría funcionarios o vinculados a la Agencia Nacional de Tránsito. El 30 de enero de 2026, el Bloque de Seguridad ejecutó allanamientos que permitieron implicar a 11 personas; el 6 de mayo de 2026 la Fiscalía vinculó a cinco más en una audiencia de vinculación en la que el juez Sebastián Cornejo dictó prisión preventiva para esos cinco procesados.

Entre las evidencias que la Fiscalía presentó figuran mensajes de chat que describen la supuesta venta irregular de licencias de conducir: USD 120 a usuarios que evitaban exámenes psicométricos y USD 250 por licencias profesionales tipo E (para vehículos extrapesados). Según el fiscal Richard Alvarado, citado en la audiencia del 6 de mayo de 2026, el esquema no solo dañaba la tramitación administrativa sino la propia administración pública y ponía en riesgo a la sociedad al permitir la circulación de conductores sin la capacitación requerida.

H2: La audiencia de revisión de medidas y la intervención comunal

El 31 de julio de 2026 se celebró la audiencia de revisión de medidas solicitada por los procesados. En ese trámite, uno de ellos propuso como testigo al presidente de la Comunidad Indígena La Libertad, ubicada en el cantón Cayambe. La Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte de Justicia de Pichincha —presidida por el juez Lauro Sánchez— aceptó la comparencia de Juan Rafael Lincango, dirigente comunal.

El procesado es Segundo Fermín L. Q., de 37 años, exfuncionario del Municipio de Cayambe que había trabajado desde el 1 de enero de 2024 con un salario de USD 482 como promotor social en Cangagua y figuraba en la nómina de una de las escuelas de conducción mencionadas en las conversaciones intervenidas por la Fiscalía. En los chats hallados en su teléfono constan diálogos con una usuaria identificada como "Rosa", quien solicitaba su influencia para aprobar exámenes y obtener una licencia profesional.

H3: Testimonio comunal y documentos de defensa

En su testimonio, el dirigente Juan Rafael Lincango afirmó que Segundo Fermín “consta en el padrón comunitario desde su nacimiento” y que pertenece a la Comunidad La Libertad desde hace veinte años. Lincango aseguró además que la comunidad tiene control social sobre sus miembros y ofreció acompañamiento y seguimiento: mingas, asambleas y responsabilidades comunitarias que, según su visión, garantizan que el comunero no se fugue.

La defensa aportó la escritura de una propiedad, certificado de trabajo en la escuela de conducción, acta de matrimonio y documentos que acreditan la representación del procesado sobre sus cinco hijos en instituciones educativas. El abogado del procesado sostuvo que la Fiscalía no acreditó que Fermín prestara conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos a la organización y lo vinculó como colaborador.

H2: El marco legal: diálogo intercultural y “doble excepcionalidad”

La apelación presentada por la defensa invocó el Protocolo para la Aplicación del Diálogo Intercultural en la Función Judicial, vigente desde el 28 de marzo de 2023, que permite la reconsideración de medidas cautelares cuando participan autoridades indígenas. Esa norma reconoce la necesidad de incorporar dimensiones culturales y de garantizar comunicación adecuada con personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas.

El abogado hizo referencia a la "doble excepcionalidad de la prisión preventiva" para miembros de pueblos y nacionalidades indígenas: una figura que busca evitar la afectación desproporcionada de la vida comunitaria por la privación de libertad de uno de sus integrantes, siempre que la medida no implique un riesgo procesal insalvable.

H3: Peritaje antropológico y competencia de la justicia

La Fiscalía solicitó un peritaje antropológico para acreditar la condición indígena de Fermín; sin embargo, ese informe no estuvo listo antes de la audiencia de revisión de medidas. Pese a ello, el juez dejó claro que el proceso es competencia de la justicia ordinaria y que la aplicación del diálogo intercultural en la audiencia tuvo por objeto verificar la comprensión del proceso por parte del procesado y permitir que la sala conozca su identidad cultural.

H2: La decisión y sus efectos prácticos

Al concluir la diligencia, el juez consideró que no se había cumplido la proporcionalidad e idoneidad de la medida de prisión preventiva y accedió a la apelación. En consecuencia, Segundo Fermín quedó en libertad, aunque con restricciones: no puede salir del país y debe presentarse periódicamente ante la Fiscalía.

H2: Análisis y preguntas abiertas

La decisión plantea debates relevantes: ¿cómo equilibrar la necesidad de avanzar en investigaciones de corrupción con el respeto a derechos colectivos y prácticas interculturales? ¿Hasta qué punto la garantía comunitaria puede sustituir medidas cautelares de carácter privativo? Para la Fiscalía, la prioridad es preservar la investigación y reducir riesgos de obstrucción; para la defensa y la comunidad, la prioridad es evitar la ruptura social y económica que supone la prisión de un comunero.

Esa tensión será clave en el desarrollo del Caso Jaque: la Fiscalía deberá consolidar pruebas que demuestren la participación activa de los procesados en la red de ilegalidad al tiempo que los tribunales y las comunidades reclamarán procedimientos sensibles a la identidad cultural.

H2: Conclusión

La intervención de la Comunidad La Libertad en Cayambe cambió el rumbo de la medida cautelar aplicada a uno de los procesados en una investigación por venta irregular de licencias y presunta corrupción en la ANT. La resolución recuerda que el sistema penal ecuatoriano, además de perseguir delitos, enfrenta el reto de administrar justicia en un país plurinacional donde las garantías culturales pueden jugar un papel decisivo en decisiones procesales.

H2: Preguntas frecuentes

H3: ¿Quién es el procesado liberado en el Caso Jaque? Segundo Fermín L. Q., 37 años, exfuncionario del Municipio de Cayambe y promotor social en Cangagua.

H3: ¿Qué alegó la defensa para pedir la libertad? Que Fermín fue vinculado como colaborador sin pruebas de que prestara conocimientos técnicos a la organización y presentó documentos personales y comunitarios que, según la defensa, garantizan su arraigo.

H3: ¿Qué papel jugó la comunidad indígena? El presidente de la Comunidad La Libertad, Juan Rafael Lincango, testificó que Fermín pertenece al padrón comunal, ofreció seguimiento y aseguró que la comunidad tiene mecanismos de control social.

H3: ¿Qué es el Protocolo de Diálogo Intercultural? Una norma vigente desde marzo de 2023 que regula la participación de autoridades indígenas en procedimientos judiciales para asegurar comunicación y decisiones culturalmente pertinentes.

H3: ¿La libertad implica impunidad? No: la libertad fue concedida con medidas sustitutivas (prohibición de salida del país y comparecencias ante la Fiscalía); el proceso penal continúa en la justicia ordinaria.

H3: ¿Qué sigue para el Caso Jaque? La Fiscalía debe continuar con las diligencias probatorias para acreditar la existencia y el alcance de la red de corrupción en la ANT y las posibles responsabilidades individuales.

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