Cierres y presiones a medios en Ecuador: casos y censura indirecta
Historia de cierres y presiones en medios ecuatorianos
Entre 2013 y 2014, la prensa ecuatoriana sufrió el cierre de medios emblemáticos como la revista Vanguardia y el diario Hoy. Más recientemente, en 2026, la Superintendencia de Compañías intervino a GRANASA, la empresa editora de los diarios Expreso y Extra, lo que volvió a poner el foco en las formas en que ciertos medios enfrentan presiones institucionales que limitan la libertad de expresión.
Caso revista Vanguardia (2013)
El 27 de junio de 2013, la revista Vanguardia cesó operaciones definitivamente. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que la Ley de Comunicación fue la causante indirecta del cierre. Por su parte, el entonces presidente Rafael Correa desestimó esta interpretación, argumentando problemas financieros relacionados con atrasos en pagos a empleados y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Juan Carlos Calderón, director en ese momento, declaró al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) que había factores económicos detrás del cierre. Además, recordaron un allanamiento policial a la sede en 2010, presuntamente como represalia por investigaciones realizadas.
Diario Hoy (2014): dos etapas de cierre
El 29 de junio de 2014, el diario Hoy dejó de imprimirse. La editorial atribuyó esta medida a las regulaciones impuestas por la Ley de Comunicación y a un boicot publicitario, además de la cancelación de contratos de impresión. La administración de Correa descartó esta versión, señalando que la causa fue mala gestión.
Posteriormente, el 21 de agosto, la Superintendencia de Compañías resolvió disolver cerca de 700 empresas que presentaron pérdidas superiores al 50 % de su capital social durante dos años consecutivos, entre ellas Edimpres, la editora de Hoy. El 26 de agosto se intervino la empresa, paralizando todas sus actividades incluso en formato digital, y se nombró una liquidadora.
Este proceso generó controversia. La SIP indicó que Edimpres ya había iniciado una liquidación voluntaria, sin orden obligatoria de suspender operaciones según la ley. Además, representantes legales señalaron que la Superintendencia actuó sin notificación previa, mientras que la entidad defendió que el procedimiento era legal y no tenía trasfondo político.
Desde octubre de 2026, la marca Diario Hoy volvió a operar bajo nueva administración, tras ser vendida a nuevos dueños.
Medios regionales y radios comunitarias (2007-2025)
Un estudio publicado en Redalyc registró que entre 2007 y 2017 no se renovaron frecuencias radiales ni televisivas a varios medios regionales críticos, como Ecotel TV de Loja y ediciones regionales de La Hora. Este fenómeno fue atribuido también a la retirada de publicidad estatal durante el Gobierno de Correa.
Mientras tanto, en octubre de 2025, la agencia reguladora ARCOTEL suspendió temporalmente a radios comunitarias indígenas como Radio Ilumán y notificó sanciones a Radio Inti Pacha, con revocaciones inmediatas en algunos casos, lo que despertó alertas sobre un patrón de sanciones a medios comunitarios.
Radio Pichincha Universal (2020)
El 23 de enero de 2020, ARCOTEL extinguió la licencia de Radio Pichincha Universal, propiedad del Gobierno Provincial de Pichincha. La decisión se basó en una transmisión en octubre de 2019 durante el paro nacional, en la que supuestamente se incitó a la paralización de servicios públicos.
Previo a ello, la radio enfrentó una suspensión de 15 días y un allanamiento por parte de Policía y Fiscalía. Organizaciones como Fundamedios y CPJ reclamaron la restitución de la licencia, calificando la acción como una grave restricción a la libertad de expresión. ARCOTEL aclaró que no ordenó el cierre directo y que la decisión fue parte de un proceso sancionador con derecho a defensa. Actualmente, Radio Pichincha continúa en FM y plataformas digitales.
La intervención de GRANASA en 2026 y sus consecuencias
El 18 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías intervino a GRANASA, sociedad editorial detrás de los diarios Expreso y Extra, para fiscalizar su situación económica y corregir presuntas irregularidades.
Según reportes de Expreso, esta acción se desencadenó luego de que la empresa se negara a entregar información sobre los asesores legales a Inmobiliar, un accionista con poco más del 2 % de participación estatal. GRANASA denunció que se busca controlar cerca del 40 % de la empresa por medio de la figura del liquidador.
La SIP expresó su preocupación por represalias indirectas contra medios críticos, mientras que la Cámara de Industrias y Producción (CIP) advirtió que estas intervenciones no deben utilizarse para modificar estructuras accionarias.
En febrero de 2026, el abogado de GRANASA reveló que el Gobierno solicitó la salida de periodistas destacados como Martín Pallares y Roberto Aguilar. Durante ese año, Expreso y Extra publicaron portadas en blanco como protesta por denuncias penales contra sus directivos. En agosto, Aguilar fue desvinculado del diario.
La pérdida de publicidad privada afectó gravemente la producción, según declaraciones a medios y confirmaciones de que diversos anunciantes retiraron su pauta.
El 2 de octubre, el presidente ejecutivo de GRANASA anunció una Junta General Extraordinaria para el 13 de octubre, donde se presentará el estado financiero, se evaluará la venta de bienes inmuebles y se decidirá el futuro de las marcas del grupo.
Se confirmó que la última edición impresa de Expreso será el 9 de octubre de 2026, permaneciendo el diario únicamente en formato digital. Fuentes internas comentaron que existen interesados en adquirir el medio y que pronto podrían convocar al personal para definir el futuro.
La censura indirecta: definición y marco legal
La censura indirecta consiste en limitar la libertad de expresión a través de presiones que no implican prohibiciones formales, como intervenciones empresariales, retiro de publicidad estatal o cambios arbitrarios en frecuencias y permisos.
La SIP calificó estas prácticas como sofisticadas tácticas para hostigar medios críticos. El artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe estas restricciones indirectas. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH señala ejemplos como abuso en controles oficiales, asignación discriminatoria de publicidad y frecuencias para influir o castigar a medios.
Aunque existen estos mecanismos legales, solo autoridades competentes pueden determinar si en cada caso se ha vulnerado la libertad de expresión.
Reflexiones finales y perspectivas
Los casos recientes y pasados muestran un patrón de cierres, intervenciones y presiones en medios ecuatorianos, algunos con explicación oficial financiera y administrativa, y otros señalados como acciones sistemáticas para limitar voces críticas.
El entorno mediático en Ecuador enfrenta retos importantes para garantizar el derecho a la información y la libertad de prensa, en línea con los estándares internacionales.
Preguntas frecuentes
¿Por qué cerraron la revista Vanguardia en 2013?
Se cerró oficialmente por razones financieras según las autoridades, aunque sectores de prensa denuncian presión indirecta relacionada con la Ley de Comunicación.
¿Qué pasó con el diario Hoy en 2014?
Dejó de imprimir por una supuesta crisis financiera y un proceso de disolución empresarial, que algunos atribuyen a presiones políticas y restricciones legales.
¿Cuál es la situación actual de Expreso y Extra?
Desde octubre de 2026, Expreso dejó la edición impresa y sólo funciona en línea, tras la intervención de GRANASA y una serie de problemas legales y financieros.
¿Qué es la censura indirecta?
Es la presión a medios sin prohibir su funcionamiento formalmente, mediante intervenciones, retiros de publicidad o limitaciones en frecuencias y recursos.
¿Qué papel juega la Superintendencia de Compañías en estos casos?
Supervisa y puede intervenir empresas en problemas financieros, pero su actuación ha generado controversia al ser considerada a veces como mecanismo de presión política.
¿Qué dice la legislación internacional sobre este tema?
La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la censura indirecta, protegiendo la libertad de expresión frente a restricciones intangibles o bajo coacción.
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