Comisión de Mesa admite denuncia para remover al alcalde Aquiles Álvarez

Comisión de Mesa da luz verde para proceso de remoción del alcalde Aquiles Álvarez
La Comisión de Mesa del Municipio de Guayaquil confirmó la admisión de una denuncia formal que propone la remoción del alcalde Aquiles Álvarez. El caso cobra relevancia no solo por la naturaleza del proceso, sino también porque la autoridad denunciada se encuentra actualmente recluida en la Cárcel del Encuentro desde febrero de 2026.
Tres denuncias presentadas, solo una admitida
En total, la Comisión recibió tres denuncias contra el alcalde, pero solo una cumplió con los requisitos legales y formales para ser procesada. La denuncia admitida fue presentada por Hugo Córdoba, residente del centro de Guayaquil. Las otras dos fueron rechazadas: una por no pertenecer al cantón de Guayaquil y otra por carecer de documentación y presentación de pruebas indispensables para el trámite.
Cumplimiento de requisitos para activar el proceso
El Municipio informó que la denuncia presentada por Córdoba cumplió con los elementos mínimos exigidos por la ley: presentación ante la autoridad competente, reconocimiento de firma ante notario, domicilio dentro del cantón Guayaquil y la solicitud formal de pruebas para sustentar la denuncia.
De esta manera, se pone en marcha el procedimiento para evaluar la remoción del alcalde:
- El secretario de la Comisión de Mesa coordinará con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) para trasladar documentación y dejar constancia en el proceso.
- Se citará formalmente a Álvarez con el contenido de la denuncia.
- Se abrirá un término de prueba de diez días para presentar evidencias de cargo y descargo.
- Finalizado este plazo, en cinco días la Comisión emitirá un informe y convocará a una sesión extraordinaria del Concejo Cantonal.
Composición y función de la Comisión de Mesa
Integran esta instancia la señora Terry Álvarez, el señor Arturo Escala y la señora Ana Fuentes. Esta Comisión fue objeto de cambios debido a la inclusión previa del alcalde y de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, quienes dejaron de formar parte para mantener la imparcialidad.
Su función es examinar el cumplimiento de los requisitos formales y sustantivos de las denuncias antes de remitirlas al Concejo Cantonal, instancia que resolverá la remoción mediante una votación donde se requiere el apoyo de al menos dos terceras partes de sus miembros.
Procedimiento final y perspectiva
Tras la presentación de pruebas y el informe, el Concejo Cantonal escuchará los argumentos y adoptará la resolución correspondiente. Este mecanismo, regulado por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), asegura un proceso con transparencia y garantías legales.
La situación de Aquiles Álvarez plantea un precedente en el municipio, al conjugar la figura jurídica de la remoción con la realidad de una autoridad en prisión, lo cual añade complejidad política y social al caso.
Preguntas frecuentes
¿Quién presentó la denuncia admitida para la remoción del alcalde? Fue presentada por Hugo Córdoba, un ciudadano domiciliado en el centro de Guayaquil.
¿Cuántas denuncias llegaron al Municipio y cuántas fueron admitidas? Se presentaron tres denuncias; solo una fue admitida y las otras dos fueron inadmitidas por incumplimientos formales o de requisitos.
¿Qué pasos sigue el proceso tras la admisión de la denuncia? Se coordinará con el SNAI, se citará al alcalde, se abrirá un término de presentación de pruebas y luego se realizará un informe para que el Concejo Cantonal defina la resolución.
¿Quiénes integran la Comisión de Mesa que analiza las denuncias? La Comisión está conformada por Terry Álvarez, Arturo Escala y Ana Fuentes.
¿Qué porcentaje de votos se requiere para la remoción del alcalde en el Concejo Cantonal? Se necesitan al menos dos terceras partes de votos conformes de los integrantes del Concejo Cantonal para aprobar la remoción.
¿Por qué el proceso de remoción es relevante actualmente? Porque el alcalde está recluido en prisión, lo que genera una situación excepcional y un proceso político y legal más complejo.
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