Concejal de Quito denuncia irregularidades en contratos por USD 65 millones

Respuesta directa

El concejal metropolitano Michael Aulestia afirmó haber detectado presuntas irregularidades en procesos de contratación pública de Quito por un valor cercano a USD 65 millones, principalmente a través de contratos adjudicados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). Las declaraciones se dieron en la mañana del miércoles 21 de octubre, en el marco de una investigación por presunto peculado que motivó tres allanamientos. La Fiscalía, por su parte, no ha confirmado que los USD 65 millones formen parte formalmente de la indagación ni ha reportado detenciones.

H2: Detalles de la denuncia

H3: ¿Qué denuncia Aulestia?

Según el concejal, las adjudicaciones cuestionadas habrían sido concedidas a un mismo proveedor mediante la conformación de distintos consorcios, un mecanismo que, a su juicio, habría permitido eludir limitaciones de la normativa de contratación pública. Aulestia afirmó que dicho proveedor acumuló contratos cuyo valor aproximado sumaría USD 65 millones y que muchos de esos contratos se habrían gestionado desde la Epmmop.

H3: Naturaleza de los presuntos incumplimientos

El concejal señaló dos ejes principales de posible irregularidad: primero, la adjudicación de nuevos contratos a empresas que aún tenían obras pendientes de entrega; segundo, supuestas inconsistencias en la compra de insumos, como asfalto, provisto desde una planta que, según la denuncia, no contaría con permisos vigentes para operar en Quito. Aulestia vinculó estos hechos a una denuncia por presunto peculado presentada ante la Fiscalía.

H2: Los allanamientos y la investigación

H3: Dónde se realizaron las diligencias

La Fiscalía General del Estado ejecutó tres allanamientos: en oficinas municipales, en las instalaciones de un consorcio ubicadas en el cantón Rumiñahui y en el despacho de un abogado particular. Estas diligencias forman parte de una indagación por presunto peculado que, según reportes oficiales, está relacionada con contratos que superan los USD 4 millones. Las cifras de USD 4 millones y USD 65 millones refieren a contextos distintos dentro de la investigación y de la labor de fiscalización que desarrolló Aulestia.

H3: Estado procesal y comunicados oficiales

Hasta el cierre de la jornada, la Fiscalía no ha emitido un comunicado que confirme que los USD 65 millones denunciados por el concejal estén integrados en la investigación ni ha identificado responsables formales ni informado sobre detenciones. En investigaciones de este tipo es habitual que las diligencias se realicen mientras se reúnen pruebas suficientes para presentar cargos o ampliar líneas de investigación.

H2: Implicaciones administrativas y normativas

H3: ¿Qué normas podrían haberse vulnerado?

Aulestia mencionó que la adjudicación de nuevos contratos a proveedores con obligaciones pendientes contravendría el artículo 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ese artículo establece limitaciones para contratar con proveedores que tengan incumplimientos contractuales, por lo que la formalización de nuevos contratos en esas condiciones sería irregular.

H3: Posible impacto en obras y contratación

Si las irregularidades fueran confirmadas, la Municipalidad podría enfrentar la reposición de procedimientos de contratación, sanciones administrativas y, eventualmente, responsabilidades penales para funcionarios o contratistas implicados. Además, proyectos viales o de movilidad en curso podrían sufrir atrasos o revisiones técnicas y financieras.

H2: Reacciones y contexto político

H3: Antecedentes recientes

Los allanamientos se producen en un momento de tensión política local. El 19 de octubre se presentó una denuncia contra el alcalde Pabel Muñoz y otros funcionarios por un presunto cobro de "vacunas" a trabajadores municipales, acusación que sugiere la existencia de un esquema de recaudación irregular de fondos. El denunciante, Juan Esteban Guarderas, aseguró que esos recursos habrían financiado una campaña de reelección. El alcalde y autoridades involucradas han negado las imputaciones, calificándolas como persecución política.

H3: Balance político y prudencia institucional

Frente a acusaciones de esta naturaleza, la prudencia institucional exige mantener procesos transparentes y pruebas sólidas antes de formular cargos públicos. Las denuncias por irregularidades administrativas suelen generar repercusiones políticas inmediatas, pero su resolución depende del avance de la investigación fiscal y de eventuales procesos administrativos internos.

H2: Qué sigue en la investigación

La fiscalía continuará con la recopilación de pruebas y las diligencias necesarias para determinar si existen indicios suficientes que ameriten la formulación de cargos por peculado u otros delitos relacionados con la contratación pública. Paralelamente, el Concejo Metropolitano podría profundizar labores de fiscalización, requerir información adicional a la Epmmop y promover mecanismos para garantizar el cumplimiento de la normativa en procesos futuros.

H3: Posibles escenarios

• Si la Fiscalía encuentra elementos probatorios relevantes, podrían presentarse cargos y realizarse más allanamientos o citaciones.
• Si la Fiscalía determina que no hay indicios suficientes, la investigación podría archivarse o reenfocarse.
• En lo administrativo, la Municipalidad podría iniciar auditorías internas y establecer medidas preventivas para transparentar adjudicaciones.

H2: Conclusión

La denuncia del concejal Michael Aulestia abre una nueva etapa de escrutinio sobre la gestión de contrataciones municipales en Quito. La cifra de USD 65 millones, por su magnitud, llama la atención y exige claridad documental. Sin embargo, la confirmación del alcance real de las irregularidades dependerá de la investigación fiscal y de la transparencia en la respuesta de las autoridades involucradas.

FAQ

H3: ¿Quién es Michael Aulestia?

Michael Aulestia es concejal metropolitano de Quito, encargado de labores de fiscalización en el Concejo, quien presentó la denuncia por presuntas irregularidades en contrataciones municipales.

H3: ¿Qué organismos investigan el caso?

La Fiscalía General del Estado es la entidad que ejecutó allanamientos y lleva la investigación por presunto peculado. A nivel municipal, el Concejo Metropolitano y la Epmmop son actores clave en la provisión de información.

H3: ¿Qué significa presunto peculado?

El presunto peculado se refiere a la posible malversación o uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios o personas vinculadas a la administración pública; en este caso, la Fiscalía investiga si hubo apropiación o manejo irregular de fondos en contrataciones.

H3: ¿Los USD 65 millones ya están comprobados en la investigación?

No. La Fiscalía no ha confirmado públicamente que la cifra de USD 65 millones formada por Aulestia esté incorporada formalmente en la investigación. Esa cifra proviene de la fiscalización hecha por el concejal.

H3: ¿Qué consecuencias administrativas podrían derivarse?

Si se confirman irregularidades, podrían aplicarse sanciones administrativas, anulación de contratos, responsabilidad civil y, en caso de pruebas suficientes, procesos penales contra los implicados.

H3: ¿Cómo seguirá el caso?

La investigación continuará con diligencias fiscales y posibles auditorías municipales. Las autoridades deben ofrecer información clara y documentos que permitan a la ciudadanía conocer el alcance real de las adjudicaciones cuestionadas.

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