Concejo de Quito pospone debate sobre alza del pasaje pese a presión
La ciudad de Quito vivió este martes 26 de mayo una jornada de expectativas y tensiones en la sesión del Concejo Metropolitano, donde el tema central —aunque finalmente no se debatió— era el tan esperado y polémico posible aumento del pasaje en el transporte público convencional. Los intentos de algunos concejales por poner sobre la mesa este tema, que afecta diariamente a miles de quiteños, terminaron frustrados debido a la falta de consenso.
Intentos fallidos por abrir el debate
La sesión arrancó con propuestas claras y decididas. El concejal Andrés Campaña solicitó modificar el orden del día para permitir la comparecencia del secretario de Movilidad, Álex Pérez, y conocer los detalles de los acuerdos entre el Municipio de Quito y el gremio de transportistas. Se buscaba transparencia y que la ciudadanía estuviese plenamente informada sobre los motivos para plantear un alza en el pasaje, algo que impactaría el bolsillo de los usuarios y, sin duda, también la sostenibilidad del sistema de transporte.
No fue una petición aislada. El concejal Fidel Chamba también alzó la voz, argumentando que la ciudad no debía esperar 60 días para la redacción de una ordenanza sobre el aumento. Para él y algunos de sus colegas, el beneficio comunitario era prioritario y ameritaba un debate inmediato, de cara a la ciudadanía. Sin embargo, el pulso político se impuso: solo siete ediles apoyaron la moción, mientras que nueve se abstuvieron y seis se ausentaron, dejando sin efecto el pedido.
Acuerdos y condiciones previas: el rol del alcalde
El telón de fondo de este impasse es la negociación reciente mantenida el 13 de mayo entre los transportistas, encabezados por sus gremios, y las autoridades municipales, representadas por el alcalde Pabel Muñoz y el secretario Pérez. Varias mesas técnicas se abrieron, analizando la realidad del transporte, el déficit operativo y la estructura de costos.
En el espacio radial 'Frecuencia quiteña', Muñoz fue tajante: su compromiso último es con el pueblo quiteño. Rechazó toda posibilidad de aceptar un incremento de la tarifa que supere los $0,65 a $0,70. "No podíamos dejar de poner en la mesa elementos de exigencia para el sector del transporte y llegamos al punto de presentar una ordenanza", sentenció el alcalde.
Muñoz estableció ocho condiciones que los transportistas deberán cumplir antes de que cualquier alza, por mínima que sea, entre en rigor. Señaló que solo si se cumplen esas exigencias —pensadas para garantizar la calidad del servicio, la seguridad y el trato digno al usuario— se debatirá en 60 días una ordenanza para subir el pasaje de $0,35 a $0,40. Ese ajuste, aunque pequeño ($0,05 más que el valor actual), sería significativo si de verdad implicara mejoras palpables para la ciudad.
Reacciones y escenario ciudadano
La decisión de no tratar el tema de inmediato dejó un sabor agridulce tanto en el cabildo como en los sectores ciudadanos organizados, quienes exigen procesos transparentes y participativos. Representantes barriales y asociaciones de usuarios mantienen la expectativa, conscientes de que el debate sobre el pasaje trasciende el rubro económico: está relacionado con el derecho a una movilidad digna y eficiente.
Esto ocurre en un contexto nacional donde el transporte público vive momentos de incertidumbre por el alza de insumos y la presión inflacionaria. En Quito, la historia del pasaje está llena de desencuentros y promesas. El reto para las autoridades será equilibrar las demandas gremiales con el bienestar social, evitando improvisaciones y priorizando el interés general.
¿Qué esperar en los próximos 60 días?
La hoja de ruta ahora depende, en gran medida, del cumplimiento de los transportistas ante las condiciones propuestas por el Municipio. Si en estos dos meses logran adecuar el servicio a las exigencias, se abriría la puerta en el pleno del cabildo para la discusión y probable aprobación de la ordenanza que permitiría, por fin, ajustar la tarifa vigente desde hace años.
Entre los aspectos clave que se evaluarán están la regularidad en horarios, el estado de las unidades, la capacitación continua del personal, mecanismos de control ciudadano y, sobre todo, la garantía de seguridad para los usuarios. Esta vez, el aumento del pasaje no será solo un asunto numérico sino, como ha señalado el propio Muñoz, una oportunidad para replantear la calidad de la movilidad en Quito.
Perspectiva final: un debate imprescindible y aún pendiente
Lo ocurrido en esta sesión revela las complejidades de la gestión municipal y el peso de la responsabilidad política frente a un tema especialmente sensible para la población capitalina. El reto reside en articular soluciones sostenibles y consensuadas entre todos los actores, donde ni el usuario ni el transportista queden rezagados.
Mientras, la ciudadanía observa y exige. El avance de las próximas semanas será crucial para determinar el rumbo de la tarifa y la transformación del transporte público en Quito.
Preguntas Frecuentes
¿Por qué no se debatió el alza del pasaje en la última sesión?
No se debatió porque nueve concejales se abstuvieron y seis estuvieron ausentes, impidiendo aprobar el cambio del orden del día propuesto para abordar el incremento del pasaje.
¿Qué postura tiene el alcalde Pabel Muñoz sobre el incremento de la tarifa?
El alcalde Muñoz ha sido firme en rechazar aumentos superiores a $0,40. Solo aceptará una subida bajo estrictas condiciones que garanticen un mejor servicio público.
¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir los transportistas?
Deben mejorar ocho aspectos clave, incluyendo calidad del servicio, seguridad, capacitación del personal y control ciudadano, antes de que se apruebe cualquier aumento.
¿Cuándo se podría debatir la ordenanza que permita el alza?
Se espera que en un plazo de 60 días se reabra el debate en el Concejo, siempre y cuando los transportistas cumplan las condiciones acordadas.
¿A cuánto subiría la tarifa actual del pasaje si se aprueba la ordenanza?
El pasaje podría incrementarse de $0,35 a $0,40, es decir, un aumento de cinco centavos, condicionado al cumplimiento de las exigencias municipales.
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