Condenan a 10 años a dos por lavado de USD 3,6 millones

Resumen rápido: El jueves 24 de septiembre de 2026, un Tribunal impuso una pena de 10 años de prisión a Mauro Andrés J. B. y a Juan Martín R. G. por el delito de lavado de activos. La Fiscalía señaló que los condenados lavaron alrededor de USD 3,6 millones mediante negocios digitales y criptoactivos; además la sanción incluye una multa equivalente al triple del monto atribuido.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal anunció la sentencia tras la última jornada de una audiencia de juzgamiento que se extendió por nueve días y concluyó de forma telemática. Los dos hombres fueron declarados autores del delito de lavado de activos y recibieron una pena privativa de libertad de 10 años.

En la sentencia, los jueces también impusieron una multa calculada en tres veces el monto que la Fiscalía atribuyó a los procesados. Sobre la base de los USD 3,6 millones señalados en la acusación, la sanción económica ascendería a aproximadamente USD 10,8 millones.

Antecedentes y calendario procesal

El proceso judicial comenzó el 4 de agosto de 2026 con la apertura del juzgamiento. La investigación que dio origen al caso arrancó en febrero de 2023, cuando la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) que alertó sobre movimientos atípicos en el sistema financiero.

Esa alerta identificó más de USD 24 millones en operaciones consideradas inusuales e injustificadas. Del total investigado, la Fiscalía atribuyó específicamente USD 3,6 millones a los dos condenados.

Pruebas, peritajes y testigos aportados por la Fiscalía

Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó testimonios y pericias durante el juicio. En total, el Ministerio Público incorporó:

• Testimonios de siete personas.
• La intervención de 10 peritos especializados en distintas áreas.

Las pericias incluyeron análisis en campos técnicos y científicos que la Fiscalía consideró relevantes para reconstruir la mecánica del supuesto blanqueo. Entre las áreas periciales figuraron:

• Marketing
• Derecho
• Finanzas
• Criminalística
• Informática
• Inspección ocular técnica
• Identificación humana
• Análisis de audio y video

Además, la Fiscalía respaldó su acusación con documentación proveniente de varias entidades públicas y regulatorias. Entre las instituciones citadas en el expediente aparecen:

• Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
• Superintendencia de Bancos
• Superintendencia de Compañías
• Agencia Nacional de Tránsito (ANT)
• Bolsa de Valores
• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
• Ministerio del Trabajo
• Registro Civil

La Fiscalía describió una estructura de captación de dinero a través de negocios digitales y criptoactivos que, según su versión, permitió el traslado y la integración de recursos de procedencia no justificada al sistema financiero.

Alcance del expediente y procesados adicionales

El expediente judicial contempla a más personas y empresas además de los dos condenados. En abril de 2026, el caso llegó a juicio con la inclusión de 11 personas naturales y nueve personas jurídicas.

Sin embargo, el juzgamiento no ha avanzado de forma completa para todos los involucrados. El proceso se encuentra suspendido respecto de quienes están prófugos y de aquellas empresas que actualmente no tienen un representante legal habilitado para comparecer ante el Tribunal.

Qué dijo la Fiscalía (resumen)

La Fiscalía sostuvo que el esquema investigado combinó plataformas y operaciones vinculadas a negocios digitales y criptoactivos para captar y movilizar fondos. Los peritajes técnicos y los documentos institucionales integrados al caso fueron, según el acusador, la base para atribuir a los condenados los USD 3,6 millones que se mencionan en la resolución.

Repercusiones legales y próximas etapas

Con la sentencia firme en cuanto a los dos acusados que fueron juzgados y condenados, la causa mantiene aún pendientes de resolución a varios sujetos procesales. El Tribunal deberá adoptar medidas para avanzar en los casos de los prófugos y en los de las empresas sin representación legal.

Las partes tienen derecho a interponer los recursos que correspondan en los plazos procesales establecidos. Cualquier apelación modificaría el calendario y la ejecución de la pena y la multa impuestas.

Contexto institucional y financiero

El caso revela la intervención coordinada de distintas unidades de control y fiscalización del Estado. La existencia de un ROII emitido por la UAFE y el cruce de información con superintendencias y otras entidades administrativas fueron decisivos para abrir la investigación que culminó en el juicio.

Los montos preliminares detectados (más de USD 24 millones) muestran un universo mayor de movimientos que aún está siendo investigado y que excede los USD 3,6 millones atribuidos a los dos ahora condenados.

Cierre: estado actual del proceso

La condena a 10 años y la multa equivalente al triple del monto atribuido son la traducción judicial de la acusación que presentó la Fiscalía. No obstante, el expediente continúa abierto en relación con otros procesados y empresas vinculadas a la causa; el avance dependerá de la localización de prófugos y de la regularización de la representación legal de las entidades implicadas.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Quiénes fueron condenados?

Mauro Andrés J. B. y Juan Martín R. G. fueron sentenciados por un Tribunal como autores del delito de lavado de activos.

¿Qué pena recibieron?

Ambos recibieron una pena de 10 años de prisión y una multa equivalente a tres veces el monto atribuido por la Fiscalía.

¿Cuál es la cifra que se atribuye en la acusación?

La Fiscalía atribuyó a los condenados el lavado de aproximadamente USD 3,6 millones.

¿Cómo se inició la investigación?

La investigación comenzó en febrero de 2023 tras un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) elaborado por la UAFE, que identificó más de USD 24 millones en movimientos atípicos.

¿Hubo peritajes y testimonios en el juicio?

Sí. La Fiscalía presentó testimonios de siete personas y contó con la intervención de 10 peritos especializados en áreas como finanzas, informática, criminalística y análisis de audio y video.

¿El proceso incluye a más personas y empresas?

Sí. En abril de 2026 fueron llamados a juicio 11 personas naturales y nueve personas jurídicas; algunos casos permanecen suspendidos por la condición de prófugo de determinados imputados o por falta de representación legal de empresas.

Pronósticos y Cuotas

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