El caso ‘Reconstrucción de Manabí’: REVELAN EL ABUSO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS que debían ir a los Damnificados del Terremoto

Jorge Glas y Carlos Bernal fueron sentenciados a 13 años de cárcel por peculado. Ahora esperan audiencia para apelar la condena de primera instancia.

A las 18h58 del 16 de abril pasado se cumplieron diez años del terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter que tuvo como epicentro a Pedernales, al norte de Manabí, pero que afectó a toda esa provincia y a su vecina Esmeraldas. Entre 48 y 75 segundos le bastaron a la naturaleza para tirar al piso no solo las edificaciones levantadas, sino los sueños de miles de personas que debieron empezar nuevamente, en muchos casos, con menos integrantes en sus familias.

Cifras oficiales hablan de que el evento natural y sus más de 1.500 réplicas en menos de dos meses causaron 663 fallecidos, más de 6.200 heridos, 28.775 personas albergadas y cerca de 80.000 ciudadanos desplazados ante la pérdida de casas o trabajos. Casi 30.000 viviendas y edificaciones en las zonas urbana y rural de las dos provincias se vieron afectadas en niveles que llegaban hasta el colapso. En lo que tiene que ver con las carreteras los daños fueron incalculables y ni hablar de las afectaciones en la provisión de servicios básicos, como agua potable o energía eléctrica. La infraestructura de salud, hospitales y centros de salud, y de educación también resultaron con daños graves.

Cifras oficiales ubicaron en ese momento que los daños dejados por el terremoto bordeaban los $3.300 millones. Ante ello, en el Gobierno de Rafael Correa, en 2016, se aprobó la Ley de Solidaridad. La norma buscaba reconstruir las zonas de Manabí y Esmeraldas afectadas por el terremoto y para ello se aumentaba el impuesto al valor agregado (IVA) al 14% por un año y se creaban contribuciones temporales, como rubros sobre utilidades, aportes sobre el patrimonio.

Un aproximado de $3.500 millones se habrían recaudado a través de los nuevos impuestos y las donaciones hechas, dineros que, resaltó el miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) capítulo Manabí, Julio Villacreses Guillén, eran de exclusivo uso para la reconstrucción y la reactivación económica de Manabí y Esmeraldas. Villacreses señala que sí se reconstruyó algo luego del terremoto, pero aclara que esa poca reconstrucción se dio con “grandes sobreprecios y corrupción terribles, violentando permanentemente la Ley de Solidaridad y con obras que nada tenían que ver con la reconstrucción”.

Justamente del abuso ejercido por funcionarios públicos al dinero que los ecuatorianos entregaron para procurar los derechos de medicina, salud, educación, vivienda y reactivación económica para la población en las zonas gravemente afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, al viabilizar la priorización de varios proyectos ajenos al objeto de la Ley de Solidaridad, versó el proceso penal por el delito de peculado dentro del caso denominado Reconstrucción de Manabí.

El 30 de junio de 2025, un tribunal de juicio, integrado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Javier de la Cadena, decidió de forma unánime declarar la culpabilidad de Jorge Glas, exvicepresidente de la República y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, y Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de la Reconstrucción.

Ambos fueron acusados por la Fiscalía por el delito de peculado en calidad de autores, pero la sala de juicio determinó que Glas y Bernal son coautores. Por el cometimiento del tipo penal con “dolo” y “conocimiento” para beneficiar a terceros, los dos exfuncionarios públicos del correísmo fueron condenados a la pena máxima del delito de peculado: 13 años de privación de la libertad.

“'Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad’, Nelson Mandela. Iniciamos con esta frase, en virtud de que se ha discutido en esta audiencia (de juicio) no solo el abuso de recursos públicos, sino cómo ante una tragedia como la del terremoto del 16 de abril (2016), de la administración adecuada de estos recursos depositados en emergencia por la confianza de un pueblo, dependía de sus administradores garantizar los derechos humanos de los hermanos de Manabí y Esmeraldas, quienes lo habían perdido todo: su familia, sus casas y hasta estuvo en riesgo y en juego su propia dignidad.

Las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la audiencia de juzgamiento de más de un mes de duración permitieron que los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la CNJ determinaran que los procesados Jorge G. E. y Carlos B. A. priorizaron proyectos que no cumplían con los requisitos de la Ley de Solidaridad, lo que constituyó un abuso de recursos públicos. La prueba documental y testimonial expuesta durante el juicio permitió demostrar que los proyectos priorizados por los sentenciados eran ajenos a los objetivos de la Ley de Solidaridad, que se creó para atender las necesidades de las víctimas del terremoto del 16 de abril de 2016. La Fiscalía demostró que el abuso de recursos públicos derivó en la priorización de proyectos que beneficiaron a familiares del procesado Carlos B. A., lo que infringió el marco legal y los principios de transparencia y equidad.

Dentro de esta causa, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) también sentenció a doce años de cárcel a Franklin B. L., Wilson T. G. y Walter S. V. Además, condenó a otros tres procesados, Felipe C. M., Pablo O. V. y Manuel C. C., a diez años de privación de libertad. En tanto que a Marco A. M. se le impuso una pena de cinco años y a Víctor J. V. la pena de cuatro años de prisión. A todos los procesados se les impuso una multa de 200 salarios básicos unificados ($92.000) y la pérdida de derechos de ciudadanía por el mismo tiempo de la pena privativa de libertad. A doce de ellos, el Tribunal los sentenció al pago de $3,5 millones como reparación integral a favor del Estado ecuatoriano, y a todos al comiso de bienes y dinero incautados durante la investigación previa y la instrucción fiscal.

Actualmente, la defensa del exvicepresidente de la República Jorge Glas y del exsecretario técnico de la Reconstrucción Carlos Bernal esperan que la CNJ fije fecha para la audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia. La Fiscalía se opone a esta acción y a las nulidades presentadas por los procesados y sus abogados, y reafirma la validez del proceso judicial y las pruebas presentadas que llevaron a la condena en este caso de peculado.