Fiscalía investiga presunto peculado en el Metro de Quito

Resumen directo

La Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa contra 21 personas por el presunto delito de peculado relacionado con el uso de recursos destinados al mantenimiento y administración del Metro de Quito, sistema que moviliza diariamente a más de 151.000 personas. Los citados deberán rendir su versión el 24 y 26 de junio de 2026 en diligencias orientadas a esclarecer el destino de los fondos públicos.

Qué investiga la Fiscalía

La pesquisa apunta al presunto desvío o uso indebido de recursos públicos asignados al mantenimiento y a la administración del Metro de Quito. Según la información oficial difundida, la indagación se originó tras denuncias de funcionarios y concejales que alertaron sobre problemas técnicos y administrativos que podrían derivar en un riesgo para la operación del sistema.

Entre los puntos que motivaron la fiscalización están: el prematuro desgaste de los rieles, fallas en el sistema de recaudo, falta de mantenimiento y la contratación internacional para la administración del servicio. La investigación busca determinar si hubo manejo irregular de fondos que habrían sido destinados a esas labores.

Fechas y naturaleza de las diligencias

La Fiscalía citó a las 21 personas a rendir su testimonio libre y voluntario los próximos 24 y 26 de junio de 2026. Estas versiones forman parte de una indagación previa, etapa inicial del proceso penal en la que se recaban elementos para determinar si procede o no la instrucción fiscal formal.

Quiénes deben declarar

Entre los convocados aparecen nombres vinculados a la gestión del Metro. El exgerente general Efraín Bastidas Zelaya y el actual funcionario Juan Carlos Parra están entre quienes rendirán versión. También fueron citados varios directores jurídicos y responsables de infraestructura y mantenimiento.

Además de personas naturales, comparecerán representantes de empresas y consorcios que han prestado servicios al Metro: el Consorcio Gerencia Metro de Quito (GMQ), Metro Alianza Consorcio (MAC) y el Consorcio Línea 1 Metro de Quito. La presencia de estas firmas refleja la investigación sobre contratos y tercerizaciones relacionadas con la administración y mantenimiento del sistema.

Origen de las alertas: hallazgos técnicos y documentos

La investigación tomó fuerza tras la presentación, por parte del asambleísta Xavier Ordóñez (bancada ADN), de una fiscalización técnica al Metro. Ordóñez aseguró que, junto a su equipo, accedieron a más de 4.000 páginas de documentación interna, incluyendo el primero de cuatro informes elaborados por la empresa encargada de realizar un perfilado de emergencia.

Ese informe, según el legislador, consigna hallazgos graves: “desgaste crítico de las rieles del Metro”, pérdida del perfil de la vía, desprendimiento de material, soldaduras defectuosas y tramos de riel que serían irrecuperables y requieren reemplazo. Frases textuales difundidas por Ordóñez señalan que “se está rompiendo el riel”, lo que motivó la alarma sobre la integridad de la infraestructura.

Reacciones institucionales y políticas

Ordóñez afirmó que la información está en conocimiento del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y de la empresa pública Metro de Quito. El anuncio parlamentario fue el detonante de la investigación fiscal y elevó la presión política y administrativa sobre los responsables de la operación del sistema.

Por su parte, desde la administración municipal y la dirección del Metro se espera que los citados ofrezcan versiones que permitan aclarar responsabilidades y distinguir entre fallas técnicas atribuibles al desgaste normal y posibles irregularidades en la gestión de recursos.

Riesgos para la operación del sistema

El Metro de Quito transporta diariamente a más de 151.000 usuarios; por eso cualquier indicio de deterioro en la infraestructura prende alertas sobre la seguridad y continuidad del servicio. Los informes técnicos citados por Ordóñez advierten sobre tramos de rieles con pérdida de perfil y desprendimiento de material, condiciones que, de comprobase, podrían obligar a cortes temporales para obras de emergencia.

La fiscalización busca no solo establecer responsabilidades penales, sino también recomendaciones técnicas y administrativas que eviten un deterioro mayor que afecte a los usuarios.

Qué busca la Fiscalía con la indagación

La indagación previa es el primer paso para reunir elementos que permitan determinar si existen indicios suficientes de delito (en este caso, peculado) para iniciar una instrucción fiscal formal. La Fiscalía pretende verificar contratos, órdenes de gasto, expedientes técnicos, actas de recepción y todo documento que permita seguir la trazabilidad de los recursos públicos utilizados en mantenimiento y administración.

Las versiones que rinden los convocados serán comparadas con la documentación técnica a la que han hecho referencia concejales y el asambleísta Ordóñez. Si se acreditan indicios de responsabilidad, la Fiscalía podrá disponer medidas adicionales, como citaciones complementarias, pedidos de información a contratistas extranjeros o actuaciones periciales.

Próximos pasos y expectativas

Tras las versiones del 24 y 26 de junio, la Fiscalía deberá evaluar la documentación recabada y decidirá si abre o no la etapa de instrucción. En paralelo, la ciudadanía y los órganos de control esperan respuestas claras sobre la condición de la infraestructura y las medidas para garantizar la seguridad de los usuarios.

Desde el punto de vista técnico, será clave que los informes sobre el estado de rieles y soldaduras sean analizados por peritos independientes y que, de ser necesario, se adopten acciones de emergencia que prioricen la protección de quienes utilizan el transporte diario.

Conclusión

La investigación abierta por la Fiscalía coloca al Metro de Quito bajo un escrutinio público e institucional. La promesa de transparencia y de respuestas técnicas responsables es ahora un requisito ineludible para restaurar la confianza de los usuarios y asegurar que los recursos públicos se usen para mantener un servicio seguro y eficiente.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué significa una indagación previa de la Fiscalía?

Es la fase inicial del proceso penal donde la Fiscalía recaba información y versiones para determinar si existen indicios suficientes para abrir una instrucción fiscal formal.

¿Quiénes fueron citados a rendir versión?

Fueron citadas 21 personas: exfuncionarios como Efraín Bastidas Zelaya, actuales funcionarios como Juan Carlos Parra, directores vinculados a infraestructura y mantenimiento, y representantes de consorcios vinculados al Metro.

¿Qué irregularidades se denuncian?

Se denuncian presuntos problemas en el uso de recursos para mantenimiento y administración, prematuro desgaste de rieles, fallas en el sistema de recaudo, y contratos para la administración del servicio.

¿Qué riesgos hay para los usuarios del Metro?

Si se confirman los informes técnicos sobre desgaste crítico de rieles y soldaduras defectuosas, podrían existir riesgos operativos que obliguen a tomar medidas de emergencia para proteger a los usuarios.

¿Qué papel tuvo el asambleísta Xavier Ordóñez?

Ordóñez impulsó la fiscalización tras afirmar haber obtenido más de 4.000 páginas de documentación interna y presentar informes que advierten sobre el estado crítico de ciertos tramos de la vía.

¿Qué sigue después de las declaraciones del 24 y 26 de junio?

La Fiscalía evaluará las versiones y la documentación recabada; podrá iniciar una instrucción fiscal si encuentra indicios de delito, ordenar peritajes o solicitar información adicional a los consorcios y autoridades.

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