Fiscalía vincula a naviera de Aquiles Álvarez con financiamiento irregular a campaña de Luisa González

Caso Laberinto: Ternape S.A. en el epicentro de investigaciones de lavado de activos

El proceso penal conocido como caso Laberinto, que investiga a la excandidata presidencial Luisa González por presunto lavado de activos, puso en el foco de atención a Ternape S.A., la naviera millonaria del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Ambos están relacionados además con el caso Triple A, donde ya fueron sentenciados por irregularidades. La Fiscalía ha detectado que esta empresa habría financiado de forma irregular los gastos de campaña de González durante las elecciones del 2023.

Financiación de campañas y gastos en publicidad mediante facturación irregular

De acuerdo con evidencias extraídas de mensajes y documentos electrónicos, las cuentas bancarias de Ternape S.A. efectuaron transferencias para contratar proveedores ligados a publicidad electoral, entre ellos eventos, material promocional, propaganda, rotulación de vehículos y producción audiovisual para la campaña del Movimiento Revolución Ciudadana.

Aunque las proformas iniciales se emitían a nombre del movimiento político, la documentación final y facturas estaban a nombre de Ternape, pese a que los servicios correspondían a actividades electorales, ajenas al giro comercial legal de la empresa.

En uno de los chats fechados el 26 de junio de 2023, Álvarez establecía un presupuesto de USD 300.000 para la producción de camisetas y brigadistas de la campaña, recursos provenientes directamente de Ternape. Además, instrucciones posteriores indicaban expresamente que en las facturas no debían figurar términos como “campaña”.

Montos desproporcionados y cruce de fondos

Según la declaración del gerente José Cevallos Avellán y su socio César Bravo, ambos procesados en el caso Triple A, Ternape destinó USD 447.933 para la primera vuelta electoral y USD 278.000 para la segunda vuelta en favor de la campaña de Luisa González. En paralelo, la campaña por la alcaldía de Guayaquil dirigida por Álvarez movilizó USD 2,5 millones en recursos provenientes de la misma empresa.

Crecimiento acelerado y cifras cuestionadas en ingresos

La compañía Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., fundada en 2017 y administrada por Álvarez y sus hermanos, exhibió un crecimiento abrupto en sus ingresos reportados a la Superintendencia de Compañías. Desde ingresos por apenas USD 5.500 en 2018, ascendió a USD 20,6 millones en 2021; en 2022 sus ventas declaradas alcanzaron USD 60,1 millones para luego reportar USD 46,8 millones en 2023 y USD 20,6 millones en 2024.

Sin embargo, un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) revela inconsistencias por USD 40 millones. Según la UAFE, entre 2020 y 2024, el dinero recibido en las cuentas bancarias de la naviera superó los USD 192 millones, mientras que ante el Servicio de Rentas Internas se reportaron ingresos muy por debajo, alrededor de USD 151,7 millones.

Venta ilegal de diésel subsidiado y mecanismo de ‘cambiazo’

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) denunció que Ternape vendió diésel subsidiado a sectores no autorizados, principalmente industriales, incumpliendo con los acuerdos vigentes para distribución legítima. La empresa habría despachado 66 millones de galones por parte de Petroecuador, pero facturó solo 56,9 millones.

El esquema descubierto consiste en aprovechar el subsidio estatal para vender el combustible a precio de mercado, generando un margen de ganancia ilícito denominado “cambiazo”. La Fiscalía estima que este fraude causó un perjuicio al Estado por USD 100 millones.

Entregas de vehículos y pagos irregulares a funcionarios y allegados

Entre las irregularidades destacan la entrega de dos vehículos de alta gama por parte de Ternape al asambleísta Raúl Chávez, del movimiento RETO. Según el testimonio del cooperador eficaz José Cevallos, Álvarez ordenó transferir sin pago alguno un Toyota 4Runner y un Ford F-150 valorados en USD 40.000 cada uno. Chávez habría emitido facturas ficticias para justificar estas entregas, sin la realización de pagos efectivos.

La Fiscalía confirmó que estas adquisiciones no aparecen en los registros contables de la empresa de Chávez, CHN S.A.

Además, se observó el pago de sueldos elevados a funcionarios ligados a la red, incluido un salario de USD 8.000 a Fiorella Icaza, empleada en la alcaldía, y la afiliación laboral de la madre del alcalde, Gioconda Henríquez, con remuneración de USD 470. También se registraron préstamos y cheques cobrados por Navila Dieb, exdirectora de Turismo y Eventos de Guayaquil, quien con estos recursos adquirió un vehículo incautado por la Policía.

Sanciones y proceso legal en curso

El 29 de agosto de 2026, en primera instancia y dentro del caso Triple A, Ternape fue sentenciada a la disolución y a pagar 1.000 salarios básicos unificados por lavado de activos. Sin embargo, la empresa sigue operativa, pues sus abogados apelaron la sentencia.

Mientras tanto, el caso Laberinto sigue sumando pruebas que apuntan a la naviera como un núcleo central para la canalización de recursos ilícitos mediante transferencias bancarias y provisión de efectivo para financiar actividades electorales ilegales.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué es Ternape S.A. y quiénes la administran?

Ternape S.A. es una naviera creada en 2017, propiedad del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos, dedicada inicialmente a la distribución de combustibles para el sector naval.

¿Por qué Ternape está siendo investigada?

Porque se detectaron inconsistencias financieras por unos 40 millones de dólares y presunta vinculación de sus fondos a la financiación ilegal de campañas políticas, lavado de activos y venta irregular de diésel subsidiado.

¿Qué pruebas tiene la Fiscalía sobre el financiamiento electoral?

La Fiscalía mostró chats, facturas y transferencias desde Ternape hacia proveedores de publicidad y gastos de la campaña de Luisa González, así como instrucciones para ocultar el origen real de esos pagos.

¿Quiénes están involucrados en este esquema?

Además de Aquiles Álvarez y Luisa González, el caso implica a Raúl Chávez, exfuncionarios municipales y empleados que recibieron beneficios y pagos irregulares.

¿Cuál es el monto estimado de delito?

La Fiscalía estima un perjuicio económico al Estado superior a 100 millones de dólares por venta ilegal de diésel y lavado de activos.

¿Cuál es el estado actual del proceso judicial?

Ternape fue condenada en primera instancia, pero apeló la sentencia. Las investigaciones continúan en torno al caso Laberinto para esclarecer el financiamiento ilegal de campañas y otros delitos asociados.