Hipótesis fiscal: USD 500.000 en la campaña de Luisa González
La Fiscalía General del Estado planteó en la audiencia de formulación de cargos del Caso Laberinto la hipótesis de que aproximadamente USD 500.000 habrían sido canalizados hacia la campaña presidencial de 2023 de Revolución Ciudadana, Lista 5 a través de operaciones presuntamente relacionadas con la comercialización ilícita de hidrocarburos. En la exposición fiscal se identificaron pagos desde una empresa vinculada al entorno empresarial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y dos mecanismos principales para movilizar los recursos: transferencias bancarias y cheques al portador.
Qué dijo la Fiscalía en la audiencia
Según lo presentado por la Fiscalía General del Estado, la investigación apunta a la participación de Luisa González, Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre en un esquema para transferir, convertir y utilizar fondos cuyo origen no estaría justificado. La institución indicó que los investigadores buscan esclarecer el origen y la ruta de alrededor de USD 500.000 que, a su criterio, se habrían canalizado sin transparentar la procedencia ni la identidad de los aportantes.
La Fiscalía afirmó que, entre mayo y octubre de 2023, funcionó un mecanismo paralelo al registro formal de aportes ante el Consejo Nacional Electoral que habría permitido movilizar recursos de procedencia presuntamente ilícita.
Los actores y el vínculo empresarial señalados
La hipótesis fiscal vincula operaciones con la compañía Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., que, según la acusación, estaría relacionada con el entorno empresarial de Aquiles Alvarez. El informe de la Fiscalía recuerda que tanto Alvarez como la empresa tienen una sentencia condenatoria de primera instancia en el caso Triple A, por hechos vinculados a la comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos.
En la audiencia también se señaló que Estefanía Molina, identificada como responsable del manejo económico de la campaña, reportó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) 64 aportes de personas naturales por un total de USD 201.360. La Fiscalía sostiene que, además de esos aportes reportados, existió un circuito paralelo para movilizar otros recursos.
Las dos vías descritas por la investigación
La Fiscalía describió dos mecanismos que, según su hipótesis, habrían servido para introducir y gastar los recursos:
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Transferencias bancarias: se habrían realizado pagos desde cuentas de Ternape a proveedores de publicidad electoral. La investigación señala que las proformas constaban a nombre de Revolución Ciudadana, pero que las facturas posteriores figuraban a nombre de la compañía. Entre los elementos citados está una comunicación fechada el 18 de agosto de 2023 en la que, según la Fiscalía, se solicitó que una factura no incluyera la palabra “campaña”, lo que los investigadores consideran un posible indicio de intento por desvincular el pago de su destino electoral.
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Cheques al portador: la Fiscalía explicó que el cobro de cheques al portador habría permitido convertir recursos bancarios en efectivo para cubrir pagos a brigadistas, movilización y logística. Estas operaciones, según la acusación, habrían facilitado la transferencia física del dinero y su uso directo en la campaña.
Medidas cautelares y estado del proceso
El viernes 23 de octubre, el juez que conoce la causa dictó prisión preventiva para Luisa González, Santiago Díaz y Wendy Onofre. Para Estefanía Molina se impusieron medidas menos restrictivas: presentaciones periódicas tres veces por semana, prohibición de salida del país y la obligación de portar un dispositivo de vigilancia electrónica.
La instrucción fiscal se abrió por el delito de lavado de activos, que en el Código prevé una pena privativa de libertad de entre 10 y 13 años. El plazo de instrucción inicial señalado es de 90 días, periodo durante el cual la Fiscalía deberá recabar pruebas y formular su acusación o proceder según los hallazgos.
Documentos y comunicaciones citadas
En su exposición, la Fiscalía incluyó documentos que, según su versión, muestran la relación entre proformas, facturas y pagos efectivamente realizados. También destacó la comunicación del 18 de agosto de 2023 en la que se solicita omitir la palabra “campaña” en una factura, un elemento que el equipo investigador interpreta como un intento por ocultar el destino electoral de los fondos.
La acusación refiere que las operaciones entre proformas a nombre de la organización política y facturas a nombre de la empresa facilitaron el flujo de recursos sin una trazabilidad clara.
Qué implica la hipótesis fiscal y qué sigue en el proceso
La hipótesis de la Fiscalía no constituye una condena; se trata de la versión inicial de la investigación que debe probarse en el proceso penal. Durante los próximos 90 días, la Fiscalía continuará la recolección de pruebas: citaciones, pedidos de información bancaria, peritajes y otras diligencias que permitan confirmar o desechar la atribución de delitos a los procesados.
Los defensores de las personas procesadas podrán presentar pruebas en su favor y solicitar la revisión de las medidas cautelares. Tras la instrucción, la Fiscalía decidirá si formula cargos formales en un proceso oral o si solicita otras medidas conforme al Código de la materia.
Contexto: antecedentes vinculados mencionados en la causa
El expediente citó la condena de primera instancia relacionada con el caso Triple A, que afecta a Aquiles Alvarez y, según la Fiscalía, guarda relación con la actividad empresarial de la compañía que aparece en la investigación. Ese antecedente es mencionado como elemento de cotejo para determinar vínculos entre la empresa señalada y operaciones supuestamente irregulares.
Conclusión
La audiencia de formulación de cargos dejó en claro que la Fiscalía centra su teoría del caso en el origen y la ruta de unos USD 500.000 vinculados, según su versión, a la comercialización ilícita de hidrocarburos y su uso para financiar gastos de campaña. Las medidas cautelares ya adoptadas y el plazo de instrucción de 90 días marcan el calendario inmediato del proceso.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Quiénes están imputados en el Caso Laberinto según la Fiscalía?
La Fiscalía imputó a Luisa González, Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre por su presunta participación en un esquema de lavado de activos relacionado con la campaña 2023.
¿Cuál es el monto que investiga la Fiscalía?
La hipótesis fiscal se centra en aproximadamente USD 500.000 que, según la investigación, habrían sido canalizados sin transparentar su origen ni la identidad de aportantes.
¿Qué medidas cautelares dictó el juez?
El juez dictó prisión preventiva para Luisa González, Santiago Díaz y Wendy Onofre. Para Estefanía Molina se dispusieron presentaciones tres veces por semana, prohibición de salida del país y uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.
¿Qué empresa figura en la investigación y cuál es su relación con el caso?
La investigación menciona a Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., vinculada, según la Fiscalía, al entorno empresarial de Aquiles Alvarez. La empresa y Alvarez tienen una sentencia de primera instancia en el caso Triple A.
¿Qué tipo de pruebas citó la Fiscalía en su hipótesis?
La Fiscalía mencionó documentos como proformas, facturas, comunicaciones (incluida una del 18 de agosto de 2023) y registros de transferencias y cheques que, según su exposición, muestran el flujo de fondos hacia proveedores de publicidad electoral y el uso de cheques al portador para convertir fondos en efectivo.
¿Cuál es el plazo del proceso de instrucción?
La instrucción fiscal inicial tiene un plazo de 90 días, durante los cuales la Fiscalía debe reunir pruebas y determinar la procedencia para formular o no la acusación formal.
Pronósticos y Cuotas
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