Judicatura reasignó casos; 35 prisiones preventivas en riesgo

La Consejo de la Judicatura sostiene que la reasignación de causas luego de la aprobación de la Resolución 187-2026 quedó completa: según la institución, todos los procesos contaban con un nuevo juzgador. No obstante, una revisión periodística de expedientes muestra que entre inhibiciones, trámites duplicados y devoluciones de causas existe un inventario de al menos 35 procesos con prisiones preventivas que caducaron durante la transición o corren riesgo de hacerlo antes de terminar 2026.

Qué pasó y por qué importa

A 38 días de la eliminación de la Unidad Judicial, el Tribunal y la Sala Especializada en Corrupción y Crimen Organizado de Quito por la Resolución 187-2026, los expedientes penales tuvieron que ser redistribuidos entre juzgados ordinarios y otras dependencias. La revisión hecha por PRIMICIAS detectó que, tras esa medida, 357 causas quedaron en trámite y que, en el proceso de traslado, surgieron demoras que afectan investigaciones por narcotráfico, extorsión y lavado de activos vinculadas a grupos como Los Lobos, Los Choneros y la llamada mafia albanesa.

Esto importa porque la caducidad de medidas cautelares —en particular la prisión preventiva— puede significar la liberación de procesados o la necesidad de reconfigurar etapas procesales, con impacto directo en la eficacia de investigaciones complejas.

Qué dice la Judicatura y qué mostró la revisión

La Directora Nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura, Denisse Coronel, afirmó a PRIMICIAS que no existe ningún expediente paralizado y que 658 causas tramitadas en las unidades judiciales fueron atendidas y reasignadas a más de 50 jueces penales y especializados, incluidos magistrados de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. De ese universo, 172 causas activas permanecen con los juzgadores originales bajo la Disposición Transitoria Segunda, tras un cribado expediente por expediente.

Sin embargo, la revisión de actuaciones en el sistema judicial documentó inhibiciones de jueces, devoluciones de expedientes a los despachos de origen, actos de doble competencia —dos juzgados actuando en la misma causa— y suspensiones de diligencias por falta de instrucciones operativas en la transferencia de cuerpos físicos.

Casos emblemáticos

El proceso denominado «Goleada», por presunta delincuencia organizada contra el alcalde Aquiles Álvarez y sus hermanos por un supuesto desvío de diésel por USD 100 millones, sufrió una inhibición cuando una jueza de la parroquia Iñaquito consideró que la audiencia ya había sido instalada y suspendida por el juzgador originario. La competencia fue dirimida por un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha el 7 de octubre de 2026.
En un expediente por estafa y lavado por USD 22,8 millones contra la firma ADN Escuela de Negocios se registraron actuaciones paralelas: el tribunal suprimido emitió sentencia condenatoria el 30 de septiembre de 2026, mientras una unidad de Iñaquito ordenaba una difusión roja para procesados prófugos.
Procesos por lavado vinculados a Los Choneros en Daule (USD 592.630) y por presunta vinculación con disidencias de las FARC —la red de los Comandos de la Frontera— registraron prisiones preventivas cuya vigencia venció el 27 y el 9 de septiembre de 2026, respectivamente.

Riesgos concretos: 35 causas en la mira

La revisión identificó 35 causas donde la prisión preventiva o su plazo han caducado durante la transición o están próximas a vencer en 2026. Entre los plazos cumplidos o próximos se cuentan:

Caducidad del 9 de septiembre de 2026 en la causa contra la red de los Comandos de la Frontera (12 procesados).
Vencimiento del 14 de septiembre de 2026 en una causa por tráfico de drogas a gran escala contra cinco detenidos.
Caducidad del 27 de septiembre de 2026 en la causa por lavado ligada a Los Choneros en Daule (tres procesados).
Plazo próximo de 30 de octubre de 2026 en el proceso por delincuencia organizada contra 18 acusados por el asalto a una joyería en el Centro Comercial Iñaquito; en este caso el juicio se realizó, pero aún falta la sentencia.
Plazo del 14 de octubre de 2026 en una causa por tráfico de armas contra cinco ciudadanos colombianos en Urcuquí.
Plazo del 8 de noviembre de 2026 en la causa 18282-2025-01257 por secuestro extorsivo en Ambato.

Esos vencimientos, según actas y anotaciones de los tribunales, se vieron agravados por problemas de agenda y por la devolución o reasignación sucesiva de expedientes.

Fallas procesales detectadas

La revisión registró varios tipos de fallas que explican retrasos:

Inhibiciones judiciales por interpretación divergente de la Disposición Transitoria Segunda.
Doble sustanciación o avocación simultánea por parte de dos juzgados sobre el mismo expediente.
Falta de un instructivo operativo que guiara la transferencia de cuerpos físicos, lo que llevó a la suspensión de diligencias entre el 8 y el 14 de septiembre de 2026.
Problemas de registro: ausencia de folios digitales o de nuevas actuaciones en el sistema informático durante semanas en causas activas.

La Judicatura explicó que la falta de folios digitales no equivale a paralización y que el ritmo de sustanciación depende de la potestad jurisdiccional de cada juez y de la carga de trabajo de los despachos receptores.

Respuesta institucional y seguimiento

Tras la publicación de la revisión, el Consejo de la Judicatura respondió que respeta la independencia judicial y que, por mandato normativo, está impedido de pronunciarse sobre criterios de jueces en expedientes concretos. No obstante, la institución informó que la Dirección Provincial de Pichincha actualiza semanalmente una matriz con los secretarios judiciales para prevenir la caducidad de medidas cautelares y que mantiene seguimiento permanente.

La Dirección Nacional de Gestión Procesal insistió en que no hay causas paralizadas y que las decisiones de inhibición y las discrepancias interpretativas fueron corregidas oportunamente.

Qué sigue

Las autoridades judiciales tienen por delante dos tareas inmediatas: garantizar que los plazos cautelares no se pierdan por fallas administrativas y clarificar la interpretación de la Disposición Transitoria Segunda para evitar futuras inhibiciones y devoluciones. Para afectados y familiares, la prioridad será obtener notificaciones claras sobre el estado procesal y la fecha de sentencias pendientes.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes quedaron en trámite tras la eliminación de las unidades anticorrupción?

Según la revisión periodística, 357 causas quedaron en trámite tras la supresión de la Unidad Judicial, el Tribunal y la Sala Especializada en Corrupción y Crimen Organizado de Quito.

¿Qué garantiza la Judicatura sobre la reasignación?

La Consejo de la Judicatura asegura que 658 causas fueron atendidas y reasignadas a más de 50 jueces; además, señala que 172 causas permanecen con los juzgadores originales bajo la Disposición Transitoria Segunda.

¿Cuántas prisiones preventivas están en riesgo de caducar?

La revisión identificó 35 causas donde la prisión preventiva caducó durante la transición o está próxima a vencer antes de finalizar 2026.

¿Qué problemas procesales se identificaron durante la transición?

Se documentaron inhibiciones judiciales por interpretaciones diferentes de la norma transitoria, actuaciones simultáneas de dos juzgados en la misma causa, suspensiones por falta de instructivo operativo y ausencia temporal de folios digitales.

¿La Judicatura reconoce la caducidad de medidas cautelares en algún caso?

La institución afirmó que no existe ninguna causa en la que se haya producido la caducidad de prisión preventiva antes o después de la reasignación, y que mantiene una matriz de seguimiento para prevenir esos riesgos.

¿Puede la Judicatura comentar decisiones de jueces en casos específicos?

Por respeto a la independencia judicial y por limitaciones normativas, el organismo informó que está impedido de pronunciarse sobre las decisiones particulares de jueces en expedientes concretos.

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