Luisa González sale del Cuartel Modelo bajo custodia

Luisa González salió este viernes 23 de octubre del Cuartel Modelo de Guayaquil bajo un fuerte operativo policial después de que un juez dictara prisión preventiva en su contra por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del denominado Caso Laberinto.

Resumen: la excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana fue trasladada en un vehículo policial escoltado por agentes, en imágenes difundidas en redes sociales. La decisión judicial se produjo tras la audiencia de formulación de cargos, celebrada la noche del 22 de octubre en el mismo centro policial.

Qué ocurrió y cómo fue el traslado

Videos y publicaciones en redes sociales registraron el momento en que González abandonó el Cuartel Modelo escoltada por un contingente policial. En las grabaciones se observa el vehículo en el que era trasladada y la presencia de varios agentes de la Policía Nacional que custodiaban el recorrido.

Durante el traslado hubo gritos de simpatizantes que la reclamaban en la vía pública. Hasta el cierre de esta nota no se ha informado oficialmente el destino final del traslado ni la dependencia a la que será conducida la excandidata.

Audiencia y decisión judicial

La salida se produjo luego de la audiencia de formulación de cargos que inició la noche del jueves 22 de octubre en el Cuartel Modelo, donde González estaba detenida desde su aprehensión. Al término de la exposición de elementos probatorios, la Fiscalía General del Estado (FGE) ratificó su pedido de prisión preventiva para varias personas vinculadas al expediente.

Según la Fiscalía, la medida cautelar fue solicitada contra Luisa González, el exasambleísta Santiago Díaz y Wendy Onofre, secretaria del movimiento RETO. La formulación de cargos comprende a cuatro personas investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos para financiar la campaña electoral de la Lista 5 de Revolución Ciudadana.

Qué investiga la Fiscalía

La investigación busca esclarecer presuntas irregularidades en el financiamiento y los gastos electorales de la campaña presidencial de Revolución Ciudadana durante 2023. El foco principal son los recursos utilizados entre mayo y agosto de ese año.

Según la hipótesis fiscal, además de los aportes declarados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), se habrían utilizado empresas pantalla para canalizar aproximadamente USD 500.000, sin transparentar la procedencia de los fondos ni la identidad de los aportantes.

La Fiscalía analiza si parte de esos recursos provino, presuntamente, de la comercialización ilegal de hidrocarburos. Ese supuesto origen ilícito de fondos está en el centro del delito de lavado de activos que motivó la instrucción fiscal.

Hipótesis sobre dinero en efectivo desde Venezuela

El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, declaró a medios que una de las líneas investigativas apunta al presunto ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela para financiar la fórmula de Luisa González y Andrés Arauz.

Neira indicó que, según versiones bajo análisis, mensajes intercambiados el 26 de julio de 2023 entre un cooperador de la investigación y un contacto identificado como “Aquiles Alvarez 1” hacen referencia a un presupuesto de USD 500.000 para la campaña, con la propuesta de destinar recursos a brigadistas, camisetas y otros gastos mediante pagos en efectivo.

Esos mensajes, según el funcionario, forman parte de los elementos que la Fiscalía está revisando para determinar si existió participación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien se encuentra en prisión preventiva desde febrero por otros casos relacionados con presunto financiamiento irregular ('Goleada', 'Tiple A' y 'Grillete').

Personas mencionadas y estado procesal

Además de González y Díaz, la investigación citada por la Fiscalía incluye a Estefanía Molina y a la secretaria del movimiento RETO, Wendy Onofre. El excandidato presidencial Andrés Arauz aparece vinculado en las gestiones investigadas, pero, según los reportes disponibles, no ha sido detenido.

El expediente se concentra en determinar el origen de recursos utilizados en la campaña de la Lista 5 y si hubo ocultamiento de aportantes o uso de estructuras empresariales para lavar dinero mediante el circuito electoral.

Origen del caso y antecedentes relevantes

El Caso Laberinto reúne indagaciones sobre presuntas redes de financiamiento ilícito relacionadas con la comercialización ilegal de hidrocarburos y su supuesto uso para sufragar gastos de campañas políticas. La Fiscalía ha vinculado a diferentes actores y movimientos en los últimos meses, con detenciones y medidas cautelares en distintos ejes del país.

La detención de González se produjo tras un allanamiento a su domicilio en la parroquia Canuto, cantón Chone, provincia de Manabí. Desde entonces permaneció en instalaciones del Cuartel Modelo hasta la audiencia en la que se formuló el cargo y se solicitó la medida preventiva.

Trámite procesal y próximos pasos

Con la imposición de prisión preventiva, el proceso ingresará a una etapa de instrucción en la que la Fiscalía deberá recabar y presentar más pruebas para sostener la hipótesis acusatoria. La defensa de los investigados podrá presentar elementos de descargo y solicitar medidas alternativas si lo considera procedente.

No hay, hasta el momento, información pública sobre la duración de la medida cautelar ni sobre la sede judicial o penitenciaria a la que será trasladada González. Tampoco se han difundido las posiciones formales de la defensa de los implicados.

Impacto político

El caso reaviva el debate sobre el financiamiento de campañas y la transparencia en los procesos electorales en Ecuador. Revolución Ciudadana y figuras asociadas al correísmo aparecen en el centro de la investigación, lo que mantiene la atención pública y mediática sobre el avance del expediente.

La Fiscalía y la autoridad judicial continúan integrando el acervo probatorio. Hasta que no se resuelva la etapa de instrucción y eventualmente un juicio, las imputaciones se mantendrán en el ámbito de la investigación penal.

Qué no está confirmado

• No está confirmado oficialmente el destino final del traslado de Luisa González tras salir del Cuartel Modelo.
• La participación de terceros, incluido el expresidente Rafael Correa, fue mencionada por autoridades como parte de líneas investigativas, pero su vinculación formal depende de las pruebas que la Fiscalía aporte.
• No existe, por ahora, una sentencia; los implicados están bajo investigación y la prisión preventiva es una medida cautelar.

Preguntas frecuentes

¿Por qué se dictó prisión preventiva contra Luisa González?

La Fiscalía solicitó prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos, al considerar que existen indicios relacionados con el financiamiento no transparente de la campaña de Revolución Ciudadana en 2023.

¿Qué es el Caso Laberinto?

El Caso Laberinto es la investigación que la Fiscalía abrió sobre presuntas irregularidades en el origen y el uso de recursos vinculados, entre otros, a la comercialización ilegal de hidrocarburos y su posible destino a financiamiento político.

¿Quiénes están siendo investigados?

Además de Luisa González, la Fiscalía ha mencionado a Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre. También aparecen vinculaciones sobre el excandidato Andrés Arauz en las indagaciones, sin que hasta ahora haya sido detenido.

¿Se ha comprobado que el dinero vino de Venezuela?

Esa es una hipótesis bajo investigación: autoridades han señalado indicios sobre pagos en efectivo desde Venezuela, pero la Fiscalía deberá acreditar la procedencia y vinculación de los fondos durante las diligencias.

¿Qué puede ocurrir ahora en el proceso judicial?

La Fiscalía continuará con la instrucción, recabando pruebas. La defensa podrá presentar recursos y medidas alternativas. Si hay elementos suficientes, el caso podría llegar a juicio; si no, se podrían dictar sobreseimientos o archivar partes de la investigación.

¿Qué medidas políticas o administrativas podrían derivarse?

Dependiendo del avance y de las pruebas, podría haber implicaciones políticas para personas y organizaciones vinculadas. Sin embargo, cualquier sanción política o administrativa requerirá procesos administrativos o judiciales independientes.

Pronósticos y Cuotas

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