Mancheno sostiene que Asamblea debe adaptar leyes tras resolución de la Judicatura
Mancheno aboga por reformas legislativas tras decisión de la Judicatura
La presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, aseguró que la Asamblea debe adaptar las normativas vigentes a la resolución reciente del Consejo de la Judicatura que eliminó las unidades especializadas encargadas de juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. Esta postura ha generado controversia y una serie de debates en el ámbito político.
En declaraciones para la prensa, Mancheno señaló que la decisión fue tomada por un poder del Estado diferente y que, en respeto a la independencia de funciones, corresponde a la Asamblea revisar y reformar las leyes para adecuarlas a la nueva realidad institucional. “Yo no puedo pronunciarme respecto a la valoración de la Judicatura porque es otro poder del Estado, sé que la encargada de ese poder sabrá explicar y justificar su decisión”, indicó.
Contexto de la resolución judicial y efectos inmediatos
El pasado 7 de septiembre, el Pleno del Consejo de la Judicatura, liderado por Mercedes Caicedo, decidió suprimir las unidades judiciales especializadas en corrupción y crimen organizado. Esta medida fue fundamentada en un supuesto desequilibrio en la carga procesal de los jueces, y anunció que esos casos se distribuirán entre jueces penales ordinarios de la Unidad Judicial de Iñaquito y de la Corte Provincial de Pichincha. Como parte de este proceso, los jueces anticorrupción fueron reubicados a otras dependencias judiciales.
Reacción y cuestionamientos de la oposición
La postura de Mancheno provocó críticas principalmente de legisladores de oposición, quienes expusieron que las unidades especializadas fueron creadas mediante leyes aprobadas por la Asamblea, por lo que solo podrían ser eliminadas a través de reformas legales al Código de la Función Judicial y no por una resolución administrativa.
El asambleísta socialcristiano, Alfredo Serrano, solicitó a Mancheno que defienda la institucionalidad y el rol de la Asamblea, advirtiendo que la eliminación sin la reforma legal correspondiente podría generar problemas de competencia territorial, ya que los juzgados ordinarios en Pichincha no pueden atender casos de otras provincias, una atribución que sí tenían los jueces anticorrupción.
Por su parte, la legisladora correísta Viviana Veloz declaró que antes de que la Judicatura adopte tales medidas debería existir una reforma previa al Código de la Función Judicial, a la Ley de Extinción de Dominio y a la Ley de Prevención de Lavado de Activos. Recalcó que estas unidades especializadas fueron establecidas en 2020 por mandato legal y respaldadas por la Corte Constitucional tras su publicación oficial.
Fiscalización y control político en la Asamblea
En respuesta, la Comisión de Garantías Constitucionales, compuesta por legisladores afines al correísmo, comenzó un proceso de fiscalización para evaluar la decisión del Consejo de la Judicatura. Convocaron a la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, para que explicara los fundamentos de la eliminación, pero esta no asistió.
Posteriormente, en sesión del Pleno, se modificó el orden del día para decidir qué comisión asumiría la fiscalización. Finalmente, con 85 votos a favor, se determinó que la Comisión de Justicia, con mayoría oficialista, sea la encargada de este proceso y de presentar el informe correspondiente.
Implicaciones y próximos pasos para la Asamblea
El debate continúa en el Legislativo, donde se analizarán las reformas necesarias para adecuar las normativas a la resolución judicial, manteniendo el respeto por la independencia de poderes pero defendiendo la institucionalidad y competencias del Congreso. Asimismo, se espera que el proceso de fiscalización arroje mayor claridad sobre las razones y posibles efectos de la eliminación de las unidades anticorrupción.
La Asamblea tiene el desafío de cuidar que los cambios no afecten el correcto juzgamiento de casos de corrupción, fundamentales para la transparencia y la justicia en Ecuador.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la decisión que adoptó el Consejo de la Judicatura?
El Consejo resolvió eliminar las unidades especializadas en juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado.
¿Qué postura manifestó Mishel Mancheno respecto a esta resolución?
Mancheno afirmó que corresponde a la Asamblea reformar las leyes para ajustarlas a la resolución, respetando la independencia de poderes.
¿Por qué la oposición critica esta decisión?
La oposición sostiene que la eliminación debería haberse hecho mediante reforma legal y no por resolución administrativa, ya que las unidades fueron creadas por ley.
¿Qué problemática territorial advierte el asambleísta Alfredo Serrano?
Señala que los juzgados ordinarios no tienen competencia territorial para atender casos fuera de la provincia, a diferencia de los jueces anticorrupción.
¿Qué ha hecho la Asamblea para supervisar esta medida?
La Comisión de Justicia fue encargada por el Pleno para fiscalizar la eliminación de las unidades y preparar un informe sobre el tema.
¿Cuál es el siguiente paso para la Asamblea sobre este tema?
Reformular proyectos de ley para adecuar las normas vigentes a la resolución judicial, buscando mantener la eficacia en la lucha contra la corrupción.
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