Michael Aulestia exige cuentas al alcalde por contratos en Quito
Redes de empresas investigadas por contratos públicos en Quito
Una estructura de empresas y consorcios, vinculada a contratos del Municipio de Quito, habría acaparado ingresos que superan los USD 65 millones desde el año 2022. Esta denuncia fue expuesta por el concejal Michael Aulestia, quien tras un proceso de fiscalización detectó vínculos societarios y coincidencias con algunos funcionarios municipales que participaron en los procesos de contratación.
En medio de las acciones de la Fiscalía General del Estado, que realizó allanamientos en dependencias municipales por una investigación de peculado, Aulestia se pronunció sobre sus denuncias y exhortó al alcalde Pabel Muñoz a brindar explicaciones claras y transparentes a la ciudadanía sobre estos contratos.
Detalles del entramado y su funcionamiento
Este entramado presuntamente estaría conformado por socios de una sociedad anónima, familiares, empleados y la utilización de consorcios para participar en diferentes procesos de contratación llevados a cabo por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), administraciones zonales y otras entidades del Municipio de Quito.
El uso de consorcios habría sido un mecanismo para evadir el artículo 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que prohíbe que una misma persona natural o jurídica se adjudique más de un contrato en ejecución.
Además, Aulestia aseguró que algunos funcionarios encargados de la fiscalización y que integraban las comisiones calificadoras de ofertas se repetían en los procesos donde el mencionado entramado consiguió contratos, lo que sugiere un posible conflicto de intereses o falta de control institucional adecuado.
Cómo se identificó la red y alcance de implicados
Mediante la revisión de información pública de portales como el Sistema Nacional de Contratación Pública y la Superintendencia de Compañías, el concejal cruzó datos de accionistas, representantes legales y procesos de contratación. Esto permitió descubrir coincidencias entre nombres y empresas, lo que fue base para evidenciar la existencia de esta red con contratos públicos por un monto estimado en USD 65 millones desde 2022.
Se estima que este entramado involucra a entre 12 y 15 personas naturales y jurídicas, así como a al menos tres funcionarios de alto rango dentro de la administración municipal. Entre los señalados se encuentra el gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, destacado como el funcionario de mayor jerarquía en esa entidad.
Respuesta institucional y llamado a la rendición de cuentas
Michael Aulestia insistió en que, mientras avanza la investigación, los funcionarios involucrados deberían ser separados temporalmente de sus cargos para garantizar la transparencia, el debido proceso y que la Fiscalía pueda recopilar las pruebas necesarias sin interferencias.
Aunque indicó que hasta el momento el alcalde Pabel Muñoz no ha sido denunciado por él, sí aparecen funcionarios de su confianza bajo investigación. El concejal añadió que corresponde al alcalde rendir cuentas ante el Concejo Metropolitano y ante la ciudadanía, y que también deberían comparecer los implicados para explicar sus actos.
El edil rechazó cualquier manipulación política de estas denuncias y afirmó que su trabajo de fiscalización es serio y objetivo, independientemente de que coincidan con un año electoral. Añadió que la defensa ante una situación así no puede ser la de tildar la investigación de persecución política sino asumir la responsabilidad que corresponda.
Contexto actual y relevancia para la administración municipal
Estas denuncias forman parte de otras investigaciones relacionadas a la administración municipal, incluida la llamada “caso Vacunas” que también apunta a presuntas exigencias indebidas hacia funcionarios. Aulestia enfatizó que esta situación revela problemas en el manejo político de la ciudad y reiteró la necesidad de separar gobierno, partido y Estado.
Funcionarios y exfuncionarios han denunciado situaciones de chantaje para mantener sus cargos, lo que suma un llamado a esclarecer todas estas irregularidades mediante procesos judiciales y fiscales.
La Alcaldía de Quito ha manifestado su disposición para colaborar con instancias de investigación, lo que Aulestia calificó como lo mínimo requerido para una institución pública ante denuncias de esta magnitud.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué monto se investiga por presuntas irregularidades en contratos municipales?
Se habla de un monto aproximado de USD 65 millones adjudicados a través de una red de empresas y consorcios desde 2022.
¿Quiénes están implicados en esta presunta red?
La investigación involucra hasta 15 personas naturales y jurídicas y al menos tres funcionarios de alto nivel dentro del Municipio de Quito.
¿Ha acusado el concejal Michael Aulestia directamente al alcalde Pabel Muñoz?
Hasta el momento, Aulestia no ha denunciado al alcalde, pero sí a algunos funcionarios de su confianza.
¿Qué pide el concejal para los funcionarios investigados?
Solicita que sean separados temporalmente de sus cargos para garantizar que se realicen las investigaciones con transparencia y sin presiones.
¿Qué papel debe asumir el alcalde respecto a estas denuncias?
Debe rendir cuentas públicamente ante el Concejo Metropolitano y la ciudadanía, y propiciar la transparencia en el proceso.
¿Las denuncias están relacionadas a una persecución política?
El concejal afirmó que su trabajo es independiente y serio, y rechazó que las investigaciones deban detenerse por consideraciones electorales o políticas.
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