Noboa propone que la Asamblea vuelva a elegir autoridades de control

Respuesta directa

La propuesta del Ejecutivo busca que, mediante consulta popular en noviembre de 2026, la Asamblea Nacional recupere la facultad de designar a las principales autoridades de control del Estado, que hoy corresponden al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La medida revive un debate que los electores ya afrontaron en dos ocasiones previas y enfrenta rechazo y matices entre sectores políticos y expertos.

Contexto y antecedentes

No es un tema nuevo: con la consulta —si finalmente se realiza en noviembre de 2026— los ciudadanos se pronunciarían por tercera vez sobre el papel del CPCCS en la selección de autoridades. El texto remitido por el Ejecutivo y avalado en sus anexos por la Corte Constitucional establece los mecanismos que se aplicarían en caso de que gane la opción de trasladar la competencia al Parlamento. Esos mecanismos repiten herramientas como concursos de méritos, escrutinio público y otros procedimientos de oposición que hoy son cuestionados.

¿Por qué vuelve el debate ahora? La respuesta tiene varias aristas: el desgaste público del CPCCS por decisiones polémicas, la percepción de retrasos en nombramientos clave y la presión política de distintos sectores que consideran que la Asamblea, con 151 representantes elegidos por voto popular, otorgaría mayor legitimidad a esos nombramientos.

Argumentos a favor de la propuesta

Quienes apoyan trasladar la atribución a la Asamblea arguyen que el Parlamento puede responder con mayor celeridad y responsabilidad política. El exlegislador y analista Héctor Muñoz señala que, pese a las dudas sobre los procedimientos, la elección por parte de 151 representantes electos resulta más legítima que la realizada por siete consejeros del CPCCS.

Muñoz añade además que, a su juicio, los concursos de méritos actuales han mostrado debilidades y son susceptibles de manipulación. Propone, como alternativa práctica, el modelo internacional de ternas enviadas por el Ejecutivo al Legislativo, complementadas por procesos de impugnación ciudadana, que —dice— permitirían mayor control político y social sobre las designaciones.

Andrés Castillo, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), enfatiza la necesidad de nombramientos oportunos: recuerda que desde la creación del CPCCS varias instituciones han permanecido con autoridades prorrogadas, citando la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General como ejemplos de vacíos prolongados.

Críticas y riesgos señalados por la oposición

La propuesta no convence a todos. Las fuerzas políticas de oposición advierten que devolver la atribución a la Asamblea puede concentrar poder en el Legislativo y debilitar los mecanismos de participación ciudadana. Luis Molina, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), sostiene que el CPCCS se politizó desde 2018 y que la intervención de gobiernos pasados complicó los procesos de designación, pero al mismo tiempo cuestiona que la solución sea entregar la decisión a una mayoría legislativa.

Molina plantea que la prioridad debe ser perfeccionar concursos de méritos y robustecer veedurías ciudadanas, porque trasladar la competencia a la Asamblea podría convertir la designación en un instrumento de mayorías políticas, con los riesgos que eso implica.

Mariana Yumbay, de Pachakutik, se muestra tajante: aunque reconoce las deudas del CPCCS —incluyendo problemas en el concurso para la designación del fiscal del Estado— la salida no es ceder esas atribuciones a la Asamblea. Yumbay advierte que, si el Parlamento queda controlado por el Ejecutivo o por una bancada dominante, se correría el riesgo de que las designaciones pierdan independencia.

Lo técnico vs. lo político: ¿qué falla en la práctica?

El debate mezcla dos planos: el técnico (procedimientos, concursos, veedurías) y el político (legitimidad, poder, acumulación). En lo técnico hay consenso en la necesidad de reforzar transparencia y tiempos claros; en lo político hay desconfianzas profundas sobre quién controlará esos mecanismos.

Castillo insiste en que pasar la atribución a la Asamblea permitiría aplicar sanciones y procesos por incumplimiento de funciones a los legisladores, cosa que, según él, hoy no ocurre con el CPCCS, cuyos consejeros se amparan en mecanismos internos como la Comisión Ciudadana de Selección. Para muchos opositores, sin embargo, las sanciones no garantizan independencia si las designaciones dependen de mayorías.

Escenarios y próximos pasos

Si la Corte Constitucional mantiene la vía y la consulta se convoca para noviembre de 2026, los ecuatorianos enfrentarán una decisión que combina memoria reciente (dos consultas previas sobre el mismo tema) y la coyuntura política (la popularidad del Ejecutivo y las alianzas legislativas). Héctor Muñoz advierte que el resultado estará “inevitablemente condicionado por el nivel de aceptación del presidente Daniel Noboa”, un factor que puede inclinar la balanza hacia el sí o hacia el no, según el clima político y la campaña informativa.

La comunicación será clave: tanto el Gobierno como los medios, la sociedad civil y las organizaciones ciudadanas tendrán un rol en explicar las implicaciones reales para la independencia institucional y la calidad de los nombramientos.

Conclusión

La propuesta de devolver a la Asamblea la potestad de nombrar autoridades de control reabre heridas y dilemas que el país no ha resuelto en los últimos años: cómo garantizar nombramientos oportunos, legítimos y técnicamente sólidos sin caer en la concentración de poder. La discusión, lejos de cerrarse, se intensificará en los próximos meses conforme se acerque la fecha potencial de la consulta.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué propone exactamente el Ejecutivo?

Propone una consulta popular, prevista para noviembre de 2026, para que la Asamblea Nacional recupere la competencia de designar autoridades de control actualmente asignada al CPCCS.

¿Por qué es polémico trasladar la atribución a la Asamblea?

Porque existe el riesgo de que el Legislativo, si está controlado por una mayoría, concentre decisiones y pueda nombrar autoridades afines al Ejecutivo o a bloques políticos, afectando la independencia institucional.

¿Qué alternativas técnicas se discuten?

Se mencionan el fortalecimiento de concursos de méritos y oposición, mayor veeduría ciudadana, y el modelo de ternas enviadas por el Ejecutivo al Legislativo con mecanismos de impugnación ciudadana.

¿Cuáles son los argumentos a favor del cambio?

Sus defensores hablan de mayor legitimidad (elección por 151 representantes), rapidez en los nombramientos y posibilidad de responsabilidades políticas frente a retrasos o incumplimientos.

¿Qué dicen los actores políticos principales?

Andrés Castillo (ADN) apoya el traslado por razones de legitimidad y eficacia; Luis Molina (RC) y Mariana Yumbay (Pachakutik) advierten sobre los riesgos de politización y piden fortalecer procesos técnicos en lugar de cambiar la competencia.

¿Qué sigue ahora?

Si la Corte Constitucional mantiene la vía, habrá que esperar la convocatoria oficial de la consulta, el calendario electoral y las campañas informativas que definirán el debate público hasta noviembre de 2026.

Pronósticos y Cuotas

No hay cuotas oficiales disponibles en este momento para esta consulta popular. Las casas de apuestas y las plataformas de apuestas no han publicado probabilidades en vivo.

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