Ordóñez denuncia cobros en la Prefectura de Pichincha
Resumen inicial: El asambleísta Xavier Ordóñez (Acción Democrática Nacional — ADN) afirmó que recibió denuncias por presuntos cobros irregulares a trabajadores de la Prefectura de Pichincha, relacionados con ofrecimientos de compra de renuncias. Ordóñez anunció que, una vez que su despacho recopile las pruebas, llevará la información al Pleno de la Asamblea Nacional y luego a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado.
Qué dijo Ordóñez y qué denuncias llegó a su despacho
El asambleísta Xavier Ordóñez sostuvo que varias personas acudieron a su oficina para relatarles que, dentro de la Prefectura de Pichincha, se habrían exigido aportes económicos a trabajadores con la promesa de que, más adelante, esas personas recibirían el pago a través de la compra de sus renuncias.
Según Ordóñez, las denuncias incluyen relatos de trabajadores que habrían entregado hasta cuatro meses de aportes para asegurar la supuesta operación. El legislador insistió en que su intención no es adelantar conclusiones: dijo que espera reunir la documentación y los testimonios necesarios antes de formalizar cualquier presentación ante las instancias competentes.
Alcance geográfico y otras instituciones señaladas
Además de la Prefectura, Ordóñez comentó que han llegado señalamientos similares desde otras instancias públicas de Quito y del Consejo Provincial de Pichincha. Mencionó incluso empresas públicas donde, según las denuncias, se habrían dado prácticas semejantes.
En sus declaraciones el asambleísta aludió también a denuncias previas relacionadas con cobros de “vacunas” o diezmos en el Municipio de Quito, señaladas públicamente en la investigación conocida como caso VAQNAS, que fue difundida el 14 de octubre de 2026. En ese expediente, las supuestas exigencias habrían consistido en pagos mensuales de entre 60 y 120 dólares, que —según la denuncia original— se habrían requerido desde 2024 para financiar actividades políticas.
Mención de Pabel Muñoz y atribución de responsabilidades
Durante su intervención, Xavier Ordóñez nombró a Pabel Muñoz, sin especificar a qué grado o en qué papel estaría vinculado a las denuncias recabadas. Ordóñez evitó hacer imputaciones directas y subrayó que su procedimiento será administrativo y judicial: primero recabar pruebas y después remitirlas a las entidades de control.
Es importante subrayar que, hasta ahora, las acusaciones son señalamientos recibidos por el despacho del asambleísta y no constituyen conclusiones probadas. La fiscalización y las investigaciones formales corresponderán a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado si se presentan las denuncias con la evidencia que Ordóñez afirma estar recopilando.
Pasos que anunció el asambleísta: Pleno, Contraloría y Fiscalía
Ordóñez detalló el itinerario previsto para las denuncias:
- Presentar el caso ante el Pleno de la Asamblea Nacional para que el órgano conozca los señalamientos y pueda ejercer las medidas de control político que corresponda.
- Remitir las pruebas reunidas a la Contraloría General del Estado para una auditoría y verificación administrativa de los hechos denunciados.
- Denunciar ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue cualquier posible conducta que de lugar a responsabilidades penales o delitos conexos.
El asambleísta enfatizó que no presentará denuncias públicas sin sustento y que actuará conforme a la documentación que su equipo consiga.
Qué se sabe y qué falta por confirmar
Con base en las comunicaciones de Ordóñez y la documentación previa del caso VAQNAS, lo que puede afirmarse hasta ahora es:
- Se han recibido denuncias públicas y privadas sobre presuntos cobros a funcionarios en el ámbito de la Prefectura de Pichincha y otras entidades de Quito.
- Las denuncias incluyen la fórmula de exigir aportes económicos con la promesa de compra de renuncias u otros arreglos laborales.
- El asambleísta aseguró que algunas personas habrían entregado hasta cuatro meses de aportes.
- Existe una investigación previa, denominada VAQNAS, relativa a cobros en el Municipio de Quito con montos mensuales señalados entre 60 y 120 dólares, que datan desde 2024.
Lo que aún no está confirmado públicamente y requiere verificación por parte de los entes de control:
- La identidad concreta de los responsables de las presuntas exigencias dentro de la Prefectura de Pichincha o en las otras instituciones señaladas.
- La veracidad documental o testimonial de cada uno de los casos denunciados ante el despacho de Ordóñez.
- Si los montos y el mecanismo descrito tienen consistencia probatoria que justifique actuaciones penales o administrativas.
Contexto: investigación VAQNAS y antecedentes en Quito
El caso VAQNAS, divulgado el 14 de octubre de 2026, puso en el debate público denuncias sobre cobros obligatorios a funcionarios del Municipio de Quito. Esa investigación sostiene que, desde 2024, algunos trabajadores habrían sido sometidos a pagos mensuales de entre 60 y 120 dólares, supuestamente destinados a financiar actividades políticas.
Ordóñez vinculó las nuevas denuncias a ese contexto, aunque indicó que las nuevas alegaciones abarcan también otras entidades públicas y organismos provinciales. La existencia del antecedente VAQNAS hace más probable que las autoridades de control evalúen con especial atención cualquier nuevo expediente que incluya documentos, testimonios o registros bancarios.
Qué sigue: calendario y posibles consecuencias
El curso inmediato depende de la documentación que presente el asambleísta:
- Si Ordóñez presenta pruebas al Pleno de la Asamblea Nacional, la mesa puede decidir remitir los hechos a las comisiones correspondientes para solicitar informes o citar a funcionarios.
- La Contraloría podría abrir auditorías si se evidencia manejo irregular de fondos, procedimientos administrativos improcedentes o responsabilidades funcionales.
- La Fiscalía determinará si los hechos, en su caso, configuran delitos y, en tal caso, quiénes serían investigados y cómo procederían las indagaciones.
Hasta que los entes de control no emitan pronunciamientos formales, las acusaciones y los nombres mencionados —incluido el de Pabel Muñoz— deben entenderse como parte de las denuncias presentadas al asambleísta y en proceso de verificación.
Relación con la ciudadanía
Ordóñez dijo que su objetivo es transparentar lo que ocurra y que “los quiteños merecen saber qué está pasando y quiénes son los responsables”. Reiteró su compromiso de no politizar sin pruebas y de colaborar con las instituciones que correspondan.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Quién denunció los presuntos cobros?
Las denuncias, según el asambleísta Xavier Ordóñez, llegaron a su despacho por parte de trabajadores y personas que afirmaron haber sido exigidas económicamente en la Prefectura de Pichincha y otras entidades.
¿Qué pruebas dice tener Ordóñez?
Ordóñez afirmó que su equipo está recopilando pruebas y testimonios, pero no detalló públicamente la naturaleza específica de esos elementos. Dijo que presentará la evidencia ante el Pleno, la Contraloría y la Fiscalía cuando esté consolidada.
¿Se imputó formalmente a alguna persona?
No. Hasta el momento no se ha divulgado ninguna imputación formal. El asambleísta mencionó a Pabel Muñoz, pero sin especificar cargos ni pruebas que lo vinculen directamente a delitos.
¿Qué es el caso VAQNAS y cómo se relaciona?
El caso VAQNAS es una investigación divulgada el 14 de octubre de 2026 sobre presuntos cobros obligatorios a funcionarios del Municipio de Quito, con pagos mensuales entre 60 y 120 dólares desde 2024. Ordóñez refirió ese antecedente como contexto frente a las nuevas denuncias.
¿Qué harán la Contraloría y la Fiscalía?
Si reciben una denuncia acompañada de evidencia, la Contraloría General del Estado podría iniciar auditorías administrativas y la Fiscalía General del Estado evaluaría la apertura de investigaciones penales según la gravedad y la documentación aportada.
¿Qué pueden hacer los trabajadores que denunciaron?
Los trabajadores pueden presentar sus testimonios y pruebas ante la Contraloría o la Fiscalía, y también existen canales internos de denuncia en las entidades públicas. Ordóñez animó a quienes tengan pruebas a colaborar con las investigaciones.
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