Pacientes renales de Guayaquil protestan por cierre de clínicas dializadoras
Pacientes renales en Guayaquil exigen atención y denuncian abandono estatal
En Guayaquil, decenas de pacientes con enfermedades renales procedentes de Guayas, Los Ríos y Azuay se movilizaron en protesta por la inminente suspensión de sus tratamientos de diálisis debido a que las clínicas dializadoras atraviesan una crisis por la falta de pago del Ministerio de Salud Pública (MSP). La manifestación tuvo lugar frente al Palacio de la Gobernación, en el centro de la ciudad, convocada por el Frente de Pacientes Renales del Ecuador, que además reunió a familiares de los afectados.
Los manifestantes expresaron su preocupación y rechazo ante la posible clausura de centros como la clínica Davita, que atiende aproximadamente a 2,000 pacientes en todo el país y que anunció su cierre para el 30 de septiembre si no se regularizan los pagos. La incertidumbre y la desesperanza marcan este momento crítico para quienes dependen de diálisis y otros tratamientos especializados.
Reclamos por la paralización arbitraria y falta de diálogo
Alejandro Solano, paciente renal, manifestó la sensación de abandono y desprotección: “No tenemos solución, nos sentimos sentenciados a morir. No hay autoridad que dé la cara, ni disposición para negociar adecuadamente con las clínicas”. Este sentir refleja la falta de voluntad mostrada por el MSP para entablar mesas de diálogo con los prestadores privados y hallar acuerdos para garantizar la atención continua.
El Frente de Pacientes Renales denuncia que la suspensión de tratamientos es utilizada como una presión en medio de disputas económicas, lo que afecta directamente la vida de las personas con enfermedades graves. La directora de la organización, Gabriela Álvaro, afirmó que esta lucha trasciende los derechos individuales y representa una batalla por la salud pública y la solidaridad con el sistema hospitalario.
Avances y exigencias: creación de mesa técnica y plataforma de denuncias
Como paso positivo, el MSP ha aceptado conformar una mesa técnica que involucre también al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para discutir y cerrar acuerdos definitivos que garanticen la continuidad de tratamientos. Sin embargo, existen otras demandas urgentes.
El Frente subraya el incumplimiento estatal en la puesta en marcha de una plataforma digital para reportar, de manera anónima, casos como la suspensión de diálisis, falta de entrega de medicamentos — especialmente inmunosupresores para pacientes trasplantados —, y otros daños relacionados. La fecha límite fijada para esta herramienta era el 10 de septiembre, pero no se cumplió, dejando sin un mecanismo formal de denuncia a los afectados.
Esta plataforma permitiría que las autoridades respondan y tomen medidas en un plazo máximo de tres días, según lo prometido por el MSP, algo vital para evitar que las vulneraciones a derechos sanitarios queden impunes.
La protesta ante la mirada ciudadana y la negativa a pedir permiso
Las pancartas en defensa de sus derechos llamaron la atención de transeúntes, generando muestras de solidaridad con la causa de los pacientes renales. Por otra parte, Gabriela Álvaro también denunció intentos de intimidación y exigencia de permisos para protestar, acciones que calificó de inhumanas dada la gravedad del contexto: “No pediremos permiso para exigir nuestro derecho constitucional a la salud”, enfatizó.
Contexto nacional e impacto en múltiples provincias
Además de Guayas, pacientes de otras provincias como Azuay y Los Ríos han leído esta crisis sanitaria como un problema urgente que requiere solución inmediata. La paralización o cierre de clínicas dializadoras amenaza con provocar graves consecuencias a las personas con insuficiencia renal crónica, quienes necesitan diálisis o hemodiálisis para sobrevivir.
La atención oportuna y constante es fundamental para preservar la vida y la calidad de los pacientes, quienes se sienten vulnerados y sin garantías frente al bloqueo económico que afecta a las clínicas y centros de salud.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en clínicas dializadoras
¿Cuál es la causa principal de la protesta de pacientes renales?
La protesta se debe a la falta de pagos del Ministerio de Salud a las clínicas dializadoras, lo que ha generado el anuncio de cierre de varios centros y la suspensión arbitraria de tratamientos esenciales.
¿Qué clínicas están afectadas y cuántos pacientes atienden?
Por ejemplo, la clínica Davita, que da servicio a unos 2,000 pacientes a nivel nacional, es una de las más afectadas y ha anunciado su cierre si no se regularizan los pagos.
¿Qué acciones ha anunciado el Ministerio de Salud para solucionar el problema?
Se ha acordado crear una mesa técnica conjunta con el MSP y el IESS para establecer acuerdos que aseguren la continuidad de los tratamientos, pero otras demandas, como la plataforma de denuncias, no se han cumplido hasta ahora.
¿Qué consecuencias enfrentan los pacientes si se suspenden los tratamientos?
La suspensión puede ser mortal para las personas con insuficiencia renal, ya que requieren diálisis constante para reemplazar la función renal y mantener su salud.
¿Por qué es importante la plataforma para denunciar suspensiones de tratamiento?
Esta herramienta permitiría a pacientes y familiares informar de manera anónima y directa al Estado sobre vulneraciones, obligando a una pronta respuesta y atención.
¿Qué postura tiene el Frente de Pacientes Renales respecto a las protestas?
El Frente defiende el derecho a protestar sin pedir permiso y considera que la movilización es una forma de visibilizar y exigir la garantía del acceso a la salud de pacientes en condición vulnerable.
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