Prisión preventiva para policías y militares en red de tráfico de hidrocarburos

Un juez en Ecuador ha dictado prisión preventiva para quince personas implicadas en una red dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos, entre las cuales se encuentran cinco policías y tres militares en servicio activo. Esta decisión judicial se enmarca en el operativo denominado 'Fortaleza 12', que logró la detención total de dieciséis individuos, mientras a una mujer involucrada se le impusieron medidas cautelares.

La Fiscalía General del Estado, junto con la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, lideró una serie de allanamientos simultáneos en diversas provincias, incluyendo Quito, Santo Domingo, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Guayaquil y zonas adicionales del Guayas. El objetivo central fue desmantelar esta estructura criminal vinculada al favorecimiento, apoyo y organización de actividades ilegales relacionadas con el tráfico, desvío y uso indebido de hidrocarburos, prácticas que representan un serio daño económico para el Estado ecuatoriano.

Entre los uniformados detenidos destacan los policías Christian G., Yuri P., Carlos R., Luis R. y Rommel D., así como los militares activos Pablo G., Wilson Y. y Guillermo C. Además, fueron capturados civiles como Carlos A., Dayerli M., Esther C., Daniel K., Maoly M., Joseline T., Jhonathan G. y Charly T. Durante la operación también se incautaron dieciocho dispositivos móviles, que son pieza clave para la investigación.

Las pesquisas revelaron que esta red delictiva operó desde octubre de 2024 hasta abril de 2026, tiempo en el cual se documentaron varios eventos específicos de extracción ilegal de combustible. En la investigación se analizaron comunicaciones en chats que confirmarían las maniobras ilícitas realizadas por los detenidos. Un elemento crucial y alarmante descubierto fue la presunta captación de servidores policiales dentro de esta organización, lo que facilita y fortalece la operación criminal.

El juez encargado del proceso estableció un periodo de instrucción fiscal de noventa días para profundizar en las investigaciones, con la medida cautelar de prisión preventiva para quince involucrados, mientras una mujer recibe otras medidas restrictivas. Este caso reafirma la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones de seguridad y justicia para combatir las redes delictivas que afectan a la sociedad y al patrimonio estatal.