Taxistas marchan en Quito contra convenio con Uber

La mañana del lunes 19 de octubre de 2026, decenas de taxistas se concentraron en la avenida Shyris y Portugal, en el norte de Quito, para manifestar su rechazo al convenio firmado entre la Unión de Taxistas de Pichincha y la plataforma digital Uber. Los dirigentes presentes dijeron que la alianza puede provocar una competencia desigual entre taxis legalmente autorizados y vehículos particulares que operan mediante aplicaciones.

¿Qué reclaman los taxistas?

Los voceros agrupados en la protesta sostienen que el convenio no fue debidamente socializado y que, además, choca con el marco normativo vigente. Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, afirmó que la Ley de Tránsito —discusión iniciada en 2018 y publicada en el Registro Oficial en 2021— contiene disposiciones que restringen el uso de aplicaciones por parte de vehículos particulares.

Brunis señaló específicamente el artículo 62, inciso A, que, según su lectura, permite el uso de herramientas tecnológicas para optimizar el servicio de transporte, “con excepción de los vehículos particulares”. A su juicio, esa excepción no fue eliminada en la reforma normativa de octubre de 2026, por lo que persiste la restricción.

“Ahí se genera el malestar”, dijo Brunis al referirse al convenio entre la Unión de Taxistas de Pichincha y Uber. El dirigente advirtió que la incorporación de taxis convencionales a una plataforma que también opera con vehículos particulares podría crear condiciones desiguales dentro del mismo mercado, porque ambos tipos de vehículos están sujetos a disposiciones legales distintas.

Dimensionamiento del sector y críticas a la representatividad

Brunis también cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Según sus datos, en Quito existen más de 30.000 taxistas, de los cuales alrededor de 9.000 forman parte de la Unión que firmó el acuerdo —aproximadamente el 30% del sector—. Por ello, consideró que cualquier convenio que modifique la forma de prestación del servicio debería discutirse con mayor amplitud entre las distintas organizaciones del transporte convencional.

La ausencia de una socialización amplia del convenio figura entre los principales motivos del malestar. Los manifestantes dijeron que no fueron consultados y que, de tomar vigencia la incorporación masiva de taxis a la aplicación, se generaría una competencia interna difícil de regular.

Acciones previstas y pedidos a las autoridades

Ante la situación, la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha anunció que buscará acercamientos con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para solicitar aclaraciones formales sobre la aplicación del artículo 62. Además, el gremio espera dialogar con la ministra de Gobierno para pedir que se garantice el cumplimiento de la ley y se eviten interpretaciones que, a su juicio, favorecerían a las plataformas por sobre el transporte autorizado.

El sector exige un pronunciamiento oficial que aclare hasta qué punto es válida la incorporación de taxis convencionales a plataformas que también gestionan vehículos particulares y qué controles deben aplicarse para armonizar el mercado.

Antecedentes legales y reguladores

En el relato de los dirigentes figuran varios hitos: la elaboración de la Ley de Tránsito (2018–2021), la publicación en el Registro Oficial, y la reforma normativa de octubre de 2026. Brunis recordó que durante aquel proceso los dirigentes del transporte participaron en la Asamblea Nacional para impulsar una regulación dirigida a plataformas digitales.

Según indicó, la ANT ha emitido dos exhortos a los municipios para que armonicen sus ordenanzas con lo dispuesto en el artículo 62, inciso A. Esos exhortos, añadió, incluyen la realización de controles y operativos orientados a las plataformas digitales.

Posiciones en conflicto

Por un lado están los representantes que apoyan la firma con Uber, quienes aseguran que incorporar taxis convencionales a una plataforma digital puede modernizar el servicio, facilitar la gestión de tarifas y ampliar opciones para usuarios y conductores. Por otro lado, los críticos advierten que una convivencia entre taxis autorizados y vehículos particulares dentro de la misma app abre la puerta a distorsiones regulatorias y a una competencia que, en la práctica, puede perjudicar a quienes cumplen requisitos administrativos y fiscales.

La nota del movimiento de protesta en Quito subraya la demanda de transparencia: los taxistas quieren conocer los términos del convenio, las garantías operativas y cómo se salvaguardarán derechos y obligaciones distintos según el tipo de vehículo.

¿Qué sigue?

La Federación anunció que, además de los encuentros con instituciones estatales, evaluará medidas adicionales si no obtiene respuestas concretas. Entre las acciones posibles figuran nuevas movilizaciones, gestiones legales para exigir claridades y la solicitud de auditorías o revisiones sobre la implementación del acuerdo.

Mientras tanto, desde la perspectiva administrativa, corresponde a la ANT y a los municipios decidir sobre la interpretación y la ejecución de las normas en el espacio urbano: fiscalización de las plataformas, inspecciones a vehículos y exigencia del cumplimiento de requisitos para operar.

Contexto nacional

La disputa en Quito se inscribe en un debate más amplio que enfrentó y sigue enfrentando a sectores del transporte tradicional con plataformas digitales en varias ciudades del país y de la región. La tensión no se limita a la competitividad: incluye aspectos de seguridad, tributación, derechos laborales y ordenamiento urbano.

En Ecuador, la regulación sobre aplicaciones de movilidad y transporte ha sido objeto de revisiones y propuestas desde 2018; sin embargo, la convivencia práctica entre modelos tradicionales y digitales continúa encontrando fricciones operativas y legales.

Conclusión

La protesta del 19 de octubre en la avenida Shyris y Portugal expone la necesidad de un diálogo más amplio entre todos los actores: gremios del transporte, plataformas digitales, municipios y entidades reguladoras. Para los taxistas que se congregaron, el punto clave es garantizar que cualquier innovación tecnológica no deje desprotegidos a quienes operan bajo normas específicas y han invertido en licencias y flotas autorizadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo y dónde ocurrió la protesta?

La concentración se realizó la mañana del lunes 19 de octubre de 2026 en la avenida Shyris y Portugal, norte de Quito.

¿Cuál es el motivo principal de la protesta?

Los taxistas rechazan un convenio entre la Unión de Taxistas de Pichincha y Uber, por considerar que puede generar competencia desigual entre taxis autorizados y vehículos particulares.

¿Qué norma citan los dirigentes del transporte?

Mencionan el artículo 62, inciso A, de la Ley de Tránsito (publicada en 2021) y señalan que la reforma de octubre de 2026 no modificó esa disposición, según su interpretación.

¿Qué instituciones están llamadas a pronunciarse?

La Federación de Transporte Terrestre de Pichincha espera acercamientos y pronunciamientos del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la ministra de Gobierno.

¿Cuántos taxistas representa la Unión que firmó el convenio?

Según los dirigentes citados, en Quito hay más de 30.000 taxistas y alrededor de 9.000 pertenecen a la Unión de Taxistas de Pichincha, es decir, aproximadamente el 30%.

¿Qué piden los taxistas además de una aclaración legal?

Exigen mayor socialización del acuerdo, participación de todos los gremios en las decisiones y controles que aseguren igualdad de condiciones en el mercado.

Pronósticos y Cuotas

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