Traslado de jueces de la Unidad Anticorrupción genera cuestionamientos en el CJ
Supresión y traslado de jueces de la Unidad Anticorrupción
En una decisión unánime del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), aprobada a través de la Resolución 187-2026, se dispuso la supresión de la Unidad Anticorrupción que funcionaba en Quito, especialmente en el Complejo Judicial Norte. Esta unidad especial estaba encargada del juzgamiento de casos relacionados con corrupción y crimen organizado.
Como consecuencia, al menos diez jueces adscritos a esta unidad fueron trasladados el 15 de septiembre al Complejo Judicial de Quitumbe y otros tres a sedes judiciales en Calderón, Carapungo y Tumbaco.
Cambios en competencias judiciales
La resolución otorgó un nuevo marco a la competencia en materia penal, fusionando las tareas de la Unidad Anticorrupción con la unidad penal ordinaria, los tribunales penales y la sala penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Esto amplió las competencias de la Sala Especializada de Garantías Penales y las relativas al combate de la corrupción y crimen organizado.
El vocal Fabián Fabara explicó que el pleno aprobó la fusión y modificación de competencias, pero no conoció ni autorizó los traslados administrativos que se realizaron posteriormente.
Preocupación y falta de información
La ausencia de claridad sobre el destino y las funciones concretas de los jueces trasladados ha provocado inquietud entre funcionarios judiciales y policiales, considerando la complejidad de casos de corrupción y crimen organizado, los cuales implican riesgos de amenazas y seguridad.
Por ello, las autoridades policiales encargadas de la seguridad en Quitumbe ya comenzaron a analizar estrategias para reforzar la protección de jueces y público.
Posición del vocal Fabián Fabara
Fabara calificó de inconsulta la decisión de traslado de jueces, ya que el pleno no fue informado ni aprobó dichas reubicaciones. Recientemente confirmó que solicitarán informes técnicos y jurídicos que expliquen las razones y metodología de estas acciones administrativas.
Asimismo, remarcó que la resolución original apuntaba a mantener a los jueces concentrados en Iñaquito, manteniendo la competencia en casos de corrupción junto a la materia penal ordinaria.
Seguimiento en la Asamblea Nacional
Para dilucidar los alcances de la resolución y los efectos derivados, la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional ha convocado para el 17 de septiembre a Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura, y expertos legales para analizar el tema en sesión pública.
Desarrollo institucional y optimización
Desde el CJ indicaron que la reforma no elimina la capacidad especializada sino que amplía y optimiza la atención de casos penales relacionados con corrupción y crimen organizado, aumentando la cantidad de jueces capacitados de 19 a 50 para fortalecer la cobertura judicial y responder a la carga procesal.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue la decisión unánime del pleno del Consejo de la Judicatura?
Aprobar la supresión de la Unidad Anticorrupción y la fusión de sus competencias con otras unidades penales en Quito.
¿Qué genera preocupación entre los jueces y funcionarios?
La falta de información clara sobre los traslados, nuevas funciones y el manejo de casos complejos de corrupción y crimen organizado.
¿Quién es Fabián Fabara y qué ha declarado?
Es vocal del Consejo de la Judicatura, señaló que los traslados fueron decisiones administrativas no consultadas al pleno y que solicitarán informes técnicos y jurídicos.
¿Qué acciones tomó la Asamblea Nacional respecto al tema?
Convocó a la presidenta del CJ y expertos para una sesión que explique los alcances de la resolución y la supresión de la Unidad Anticorrupción.
¿Cómo fortalece el CJ la respuesta judicial a delitos de corrupción?
Incrementando el número de jueces capacitados de 19 a 50 y ampliando las competencias de las unidades especializadas para optimizar procesos.
¿Qué medidas de seguridad se consideran para el Complejo Judicial de Quitumbe?
Se están analizando estrategias policiales para proteger a jueces, funcionarios y usuarios ante los riesgos asociados a los casos de corrupción y crimen organizado.
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