Tres funcionarios señalados tras allanamientos en Quito
La Fiscalía realizó el 21 de octubre de 2026 allanamientos en el Municipio de Quito, en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y en un consorcio ubicado en el cantón Rumiñahui, en Pichincha. El concejal Michael Aulestia presentó dos denuncias formales por los presuntos delitos de peculado y lavado de activos y afirmó que tres funcionarios del municipio estarían vinculados a un esquema de adjudicación irregular de contratos de obra pública.
Qué ocurrió y qué investiga la Fiscalía
Según la información difundida por la Fiscalía, las diligencias buscan recabar indicios sobre la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública adjudicados en 2024, por un monto superior a $4 millones. Los allanamientos incluyeron dependencias municipales, las oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y un consorcio con sede en Rumiñahui.
El concejal Michael Aulestia hizo pública su denuncia el mismo 21 de octubre de 2026, tras conocerse las actuaciones fiscales. Aulestia sostuvo que presentó dos denuncias ante la Fiscalía por presunto peculado y lavado de activos y explicó que sus observaciones se fundamentan en supuestas irregularidades en los procesos de contratación y en la participación reiterada de ciertas personas naturales y jurídicas en adjudicaciones mediante consorcios.
Perfiles de los funcionarios señalados
Aulestia describió, sin aportar nombres, tres perfiles de funcionarios que, según él, tendrían relación con los procesos contractuales en investigación:
- Una funcionaria con cercanía al alcalde Pabel Muñoz.
- Un alto funcionario de la Epmmop, organismo que adjudicó los contratos bajo investigación.
- Un funcionario vinculado a empresas municipales que, según el concejal, habría mantenido contratos de servicios profesionales con entidades metropolitanas.
El concejal afirmó que observó la repetición de funcionarios, comisiones y fiscalizadores en los procesos adjudicados y señaló la existencia de una estructura societaria y un proveedor que concentrarían contrataciones a través de consorcios.
Argumentos de la denuncia y la solicitud al Sercop
Como parte de su denuncia, Aulestia apuntó a dos contratos específicos adjudicados por la Epmmop que, a su juicio, evidenciarían un posible mecanismo para eludir restricciones de la normativa de contratación pública. Relató que, hace aproximadamente tres meses, solicitó información a la empresa municipal tras detectar alertas sobre un proveedor y una estructura societaria presuntamente involucrada en la concentración de adjudicaciones.
El concejal pidió a la Fiscalía que solicite información al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para examinar el conjunto de contratos y determinar si existió un patrón de adjudicaciones que vulnerara las disposiciones legales. Esa petición busca cruzar datos y verificar si los procesos cumplieron con las normas del Sistema Oficial de Contratación Pública.
Reacción del Municipio de Quito
Tras las diligencias fiscales, el Municipio de Quito difundió un comunicado en el que aseguró que colaboró con las actuaciones desde el inicio y que entregó la información solicitada por los investigadores. En su pronunciamiento, la institución defendió la legalidad de los procedimientos y afirmó que los contratos se adjudicaron mediante el Sistema Oficial de Contratación Pública, en procesos que calificó como "abiertos, públicos y verificables".
En la declaración oficial el Municipio sostuvo: “Lo único que van a encontrar en el Municipio es trabajo”. Además, destacó las obras ejecutadas y en marcha, la rehabilitación de vías, la recuperación de espacios públicos, los avances en la modernización del transporte y los servicios implementados en los barrios de la capital.
Qué implica la investigación
La apertura de diligencias y los allanamientos representan el inicio de una investigación penal que buscará establecer responsabilidades si se confirma la existencia de irregularidades. La Fiscalía, por su parte, trabaja para recabar indicios y documentación que permitan determinar si hubo infracción penal en la adjudicación de los contratos señalados.
Para el contralor interno del proceso será clave el análisis de la documentación entregada por la Epmmop y la información que eventualmente solicite la Fiscalía al Sercop. Si los investigadores confirman la repetición de beneficiarios, comisiones o fiscalizadores en las adjudicaciones, ese patrón podría constituir un elemento probatorio relevante en el proceso.
Contexto y declaraciones públicas
Michael Aulestia enfatizó que sus denuncias no responden a una disputa electoral ni a la intención de excluir al alcalde Pabel Muñoz de una eventual candidatura. Insistió en que su actuación se basa en alertas técnicas sobre proveedores y estructuras societarias que, según él, concentrarían adjudicaciones mediante consorcios.
El Municipio, en cambio, subrayó la legalidad de sus procedimientos y la colaboración con la Fiscalía. Hasta el momento, la institución no informó sobre sanciones administrativas internas ni sobre la suspensión de funcionarios vinculados, y la Fiscalía no ha difundido nombres ni cargos concretos imputados.
Qué sigue en el proceso investigativo
Las autoridades fiscales continuarán con la recolección de indicios y la revisión de la documentación relacionada con los contratos señalados. La solicitud de información al Sercop, planteada por el concejal, figura entre las acciones que podrían ayudar a trazar la ruta de adjudicaciones y a establecer si existió un patrón que vulnerara la normativa.
La investigación puede derivar en citaciones a declarar, medidas cautelares y, si se reúnen pruebas suficientes, en cargos formales contra personas específicas. En esta etapa inicial, sin embargo, no existen imputaciones públicas con nombres ni medidas penales anunciadas contra funcionarios determinados.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Quién presentó las denuncias y por qué delitos?
El concejal Michael Aulestia presentó dos denuncias ante la Fiscalía por presunto peculado y lavado de activos, relacionadas con adjudicaciones de la Epmmop.
¿Qué entidades fueron allanadas por la Fiscalía?
La Fiscalía allanó el Municipio de Quito, las instalaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y un consorcio en el cantón Rumiñahui, Pichincha.
¿Cuánto dinero está en la investigación y de qué año son los contratos?
La investigación apunta a dos contratos adjudicados en 2024 por un monto superior a $4 millones, según la Fiscalía.
¿Se han divulgado los nombres de los funcionarios señalados?
No. Aulestia describió tres perfiles de funcionarios vinculados a los procesos, pero no dio nombres. Tampoco la Fiscalía ha publicado imputaciones con nombres.
¿Qué pidió Aulestia que haga la Fiscalía?
Pidió que la Fiscalía solicite información al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para revisar el conjunto de contratos y verificar si existió un patrón de adjudicaciones irregulares.
¿Cómo respondió el Municipio de Quito?
El Municipio dijo que colaboró con las diligencias, entregó la información solicitada y defendió la legalidad de los procesos, afirmando que las adjudicaciones se realizaron mediante el Sistema Oficial de Contratación Pública.
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