Un año del paro indígena 2025: 166 causas pero solo una condena
Un año del paro indígena de 2025 y el avance judicial
Entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre del 2025, Ecuador vivió un paro nacional de 31 días motivado por la eliminación del subsidio al diésel. Esta medida desencadenó movilizaciones principalmente en las provincias de Imbabura y Pichincha, que incluyeron cierres de vías y enfrentamientos violentos. Los disturbios dejaron un saldo de tres personas muertas, numerosos heridos entre civiles y agentes policiales, además de pérdidas económicas valoradas en aproximadamente 100 millones de dólares solo en Imbabura.
Frente a la gravedad de la situación, el Gobierno declaró estados de excepción y trasladó temporalmente la sede de su Ejecutivo de Quito a Latacunga. Paralelamente, el sistema judicial se activó para investigar los hechos que rodearon el paro.
Estado actual de las investigaciones penales
La Fiscalía General del Estado reportó la apertura de 166 expedientes penales originados durante las jornadas de protesta.
Sin embargo, a un año de los sucesos, el avance judicial ha sido lento. El 79,5% de estas causas, es decir 132 expedientes, se encuentran en reserva bajo investigación previa. Esto implica que los investigadores están recabando indicios sin que haya formalización de cargos contra los presuntos responsables.
De los 166 casos, 21 se han concluido y únicamente uno ha finalizado con una sentencia condenatoria. Esta condena corresponde a un proceso por daño a bien ajeno en la provincia de Pichincha.
En otros procesos, nueve personas fueron declaradas inocentes, cinco casos fueron sobreseídos antes del juicio, cinco archivados y una causa extinguida. Además de los 132 expedientes en reserva, otros 13 procesos están en trámite pero sin resoluciones definitivas.
Principales delitos investigados y distribución geográfica
El delito más frecuente es la paralización de un servicio público, contemplado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal, con 90 causas que representan el 54% del total.
Otras investigaciones incluyen:
- 15 por daño a bien ajeno
- 10 por presunta extralimitación policial
- 11 por secuestro
- 9 por instigación
- 6 por robo
- 5 por terrorismo
- 4 por ataque o resistencia
- 3 por incitación a la discordia
Geográficamente, las provincias de Imbabura y Pichincha concentran el 71% de los casos, con 76 y 42 expedientes respectivamente.
Casos emblemáticos en Otavalo y otras localidades
El 22 de septiembre de 2025 en Otavalo se registró uno de los eventos más complejos. Manifestantes atacaron sedes policiales causando daños por un valor pericial de 134.460 dólares.
En principio se detuvo a varios comuneros y se les acusó inicialmente por terrorismo. La jueza Karol Zambrano dictó prisión preventiva para 12 arrestados, mientras que a una persona se le aplicaron medidas alternativas. Posteriormente, tras un proceso de diálogo intercultural y revisión judicial, los cargos de terrorismo fueron reformulados por ataque o resistencia y daño a bien ajeno. El expediente fue remitido a Otavalo, donde un juez sobreseyó a los 18 procesados por falta de evidencias.
Sin embargo, la Policía apeló y la Corte Provincial de Imbabura revocó ese sobreseimiento en septiembre de 2026, remitiendo el caso a juicio, pendiente en el Tribunal de Garantías Penales.
Otros casos en Otavalo muestran detenciones en flagrancia que no prosperaron judicialmente. Por ejemplo:
- El 25 de septiembre de 2025, dos personas fueron liberadas por falta de indicios fiscales.
- El 26 de septiembre, un detenido con material pirotécnico fue liberado ante la ausencia de cargos formulados.
- El 15 de octubre cinco ciudadanos quedaron libres porque el fiscal mantuvo sus causas en investigación previa.
Ataque a la caravana presidencial y denuncias posteriores
El 7 de octubre de 2025, en El Tambo, provincia de Cañar, la caravana presidencial fue apedreada, resultando dañados ocho vehículos y tres militares heridos.
La ministra Inés Manzano denunció tentativa de asesinato por supuestos disparos, y el ministro John Reimberg anunció cargos por terrorismo contra cinco detenidos. No obstante, informes policiales desestimaron indicios de uso de armas de fuego.
La Fiscalía en su lugar formuló cargos por ataque o resistencia y daño a bien ajeno contra los sospechosos.
Conclusión
Un año después del paro indígena de 2025, las causas judiciales abiertas por los sucesos avanzan lentamente, con la mayoría aún en reserva y casi sin sentencias firmes. El sistema judicial sigue procesando casos complejos que involucran a manifestantes y fuerzas del orden, en medio de un contexto social y político complejo.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cuántas causas penales se abrieron por el paro indígena de 2025?
Se abrieron 166 expedientes penales relacionados con los hechos ocurridos durante el paro nacional.
¿Cuántas sentencias condenatorias se han dictado a un año del paro?
Solo se ha emitido una sentencia condenatoria, relacionada con un proceso de daño a bien ajeno en Pichincha.
¿Cuál es la etapa procesal predominante de los casos judiciales?
El 79,5% de las causas están en etapa de reserva, en investigación previa sin formalización de cargos.
¿Qué delitos son los más investigados en estos procesos?
El delito de paralización de servicio público es el más común, seguido por daño a bien ajeno, secuestro, instigación y acusaciones por terrorismo.
¿Dónde se concentran la mayoría de los procesos judiciales?
Imbabura y Pichincha son las provincias con más causas, acaparando el 71% del total nacional.
¿Cuál es el estado del juicio por los detenidos en Otavalo?
El juicio está pendiente en el Tribunal de Garantías Penales luego de que se revocara un sobreseimiento previo.
Para más información oficial consulte la Fiscalía General del Estado de Ecuador.
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