Asamblea aprueba Ley de Aviación Civil pese a observaciones
La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley de Aviación Civil con 88 votos a favor y 60 en contra. La norma incorpora una disposición —la Disposición General Tercera— que obliga a los gobiernos seccionales que administran servicios aeroportuarios a firmar un acuerdo de gestión concurrente con el Gobierno Central, a través del ente rector del transporte aéreo, para mantener la prestación de esos servicios.
Qué aprobó exactamente la Asamblea
La votación del Pleno ratificó el texto sometido a segundo debate. La clave de la discusión fue la Disposición General Tercera, que establece un mecanismo de coordinación entre las administraciones locales y el Estado para la gestión aeroportuaria.
- Votos a favor: 88
- Votos en contra: 60
La norma aclara que el acuerdo de gestión concurrente no implica transferencia ni modificación de la competencia exclusiva del Gobierno Central en materias de rectoría, planificación, regulación y control aeronáutico.
Qué exige la Disposición General Tercera
La disposición menciona que los gobiernos seccionales legalmente facultados para administrar servicios aeroportuarios, ya sea de forma directa o mediante delegación a la iniciativa privada, deberán celebrar un acuerdo con el ente rector del transporte aéreo. Según el texto aprobado, ese acuerdo es condición para la continuidad en la prestación del servicio.
Municipios y concesiones en el país
En el debate se recordó la situación actual de varios aeropuertos del país:
- Municipio de Quito: administra el aeropuerto Mariscal Sucre bajo la operación de Quiport.
- Municipio de Guayaquil: el aeropuerto local está operado por TAGSA bajo figura de concesión.
- Municipio de Cuenca: administra su aeropuerto local.
El proyecto hace énfasis en la coordinación sin tocar, en su texto, la competencia exclusiva del Estado en regulación y control aeronáutico.
Reacciones y críticas en el Pleno
El principal reparo a la disposición provino del asambleísta Alfredo Serrano (PSC), quien afirmó que la medida afecta la seguridad jurídica, la descentralización y la autonomía de los gobiernos seccionales. Serrano sostuvo que la delegación del manejo aeroportuario a los municipios fue otorgada en la administración de Gustavo Noboa y que debía mantenerse hasta el fin de las concesiones vigentes.
Por su parte, la asambleísta Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico donde se tramitó la normativa, defendió el proyecto como una propuesta orientada a modernizar aeropuertos, implementar una política de cielos abiertos y eliminar barreras innecesarias. Centeno aseguró que la iniciativa busca “conectar al Ecuador e impulsar su desarrollo”.
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, Diego Salas cuestionó el proyecto por supuestos vacíos técnicos. Salas expresó su preocupación por la posible afectación de plazas laborales y alertó sobre el riesgo de delegar la navegación aérea a manos privadas: “El control del tránsito aéreo se entregará a empresas privadas”, dijo durante su intervención.
Origen del proyecto y trámite constitucional
El proyecto fue presentado en octubre de 2025 por el entonces presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien figura actualmente como candidato del oficialismo a la alcaldía de Samborondón. Tras su aprobación en segundo debate, el texto será remitido al Presidente de la República, Daniel Noboa, para su sanción o para presentar observaciones.
La ley entrará en vigencia únicamente después de su publicación en el Registro Oficial, de conformidad con el procedimiento legal establecido.
Alcances adicionales de la norma
Además de la regulación sobre acuerdos de gestión, el proyecto aborda otras materias vinculadas al sector aéreo, entre las que el texto menciona:
- Regulación del control y operación de drones por arriba de cierto peso.
- Facilitación para la apertura de nuevas aerolíneas nacionales e internacionales.
- Medidas orientadas a la modernización tecnológica del sector aeronáutico.
El articulado pretende equilibrar la expansión de operadores con requisitos regulatorios que, según los promotores, apuntan a elevar la competitividad del país en conectividad aérea.
Impacto potencial en concesiones y plazas laborales
Los defensores de la norma sostienen que la coordinación permitirá inversiones y mejoras en infraestructura. Sus críticos advierten que la obligación de firmar nuevos acuerdos puede abrir la puerta a modificaciones contractuales o a exigencias adicionales durante el periodo de concesión.
Entre las preocupaciones expresadas en el Pleno están las implicaciones para las concesiones vigentes (quienes administran aeropuertos bajo contratos con empresas privadas) y el posible efecto en el empleo directo e indirecto ligado a la operación aeroportuaria.
Siguientes pasos y plazos
- Remisión del proyecto sancionado al Presidente de la República, Daniel Noboa.
- El Ejecutivo puede sancionar la ley o presentar observaciones en el plazo constitucional.
- Si se sanciona, la ley entrará en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial.
Mientras tanto, las administraciones locales y los operadores concesionarios deberán revisar el alcance práctico de la Disposición General Tercera y prepararse para eventuales negociaciones con el ente rector del transporte aéreo.
Conclusión
La aprobación en segundo debate de la Ley de Aviación Civil consolida un cambio normativo que obliga a municipios con aeropuertos a formalizar una relación de gestión con el Estado. El debate político revela tensiones entre la visión centralizadora del Estado en materia aeronáutica y las garantías de autonomía y seguridad jurídica reclamadas por gobiernos locales y sectores críticos.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo fue aprobado el proyecto en la Asamblea?
El Pleno aprobó el proyecto en segundo debate con 88 votos a favor y 60 en contra.
¿Qué obliga la Disposición General Tercera?
Exige que los gobiernos seccionales que administran aeropuertos celebren un acuerdo de gestión concurrente con el Gobierno Central, mediante el ente rector del transporte aéreo.
¿Afecta esto las concesiones vigentes?
El texto afirma que el acuerdo no implica transferencia ni modificación de la competencia exclusiva del Gobierno Central; sin embargo, críticos sostienen que podría incidir en la seguridad jurídica de concesiones vigentes.
¿Qué aeropuertos y operadores se mencionan en el debate?
Se mencionó al aeropuerto Mariscal Sucre, operado por Quiport; el aeropuerto de Guayaquil, operado por TAGSA; y la administración del aeropuerto de Cuenca por su municipio.
¿Qué sigue en el trámite legal?
El proyecto será remitido al Presidente Daniel Noboa para su sanción o para observaciones; la ley solo entrará en vigor tras su publicación en el Registro Oficial.
¿Incluye la ley otras regulaciones aéreas?
Sí: regula aspectos del uso y control de drones por peso, facilita la apertura de nuevas aerolíneas y busca modernizar la tecnología aeroportuaria.
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