Caso Vocales: sin fecha de juzgamiento tras 2 años

El Caso Vocales, que acapara la atención del sistema de justicia ecuatoriano desde 2022, continúa estancado en la antesala de su etapa clave. Han transcurrido dos años y siete meses desde que se llamó a juicio a los exvocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del exjuez provincial de Pichincha Vladimir Jhayya, por el presunto delito de tráfico de influencias, y aún no existe fecha para instalar el juzgamiento.

La última suspensión se produjo el 23 de marzo reciente, a pedido del fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, quien informó al Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que estaba asistiendo en esos días a la audiencia preparatoria del denominado caso Liga2, también en la CNJ, ante la jueza Daniella Camacho. Ante el cruce de agendas, solicitó un nuevo señalamiento de día y hora.

No ha sido la única postergación. De acuerdo con los antecedentes del expediente, la diligencia se ha diferido en al menos una decena de ocasiones por inasistencias, pedidos de última hora de los procesados, problemas de notificación a uno de los jueces del Tribunal de Juzgamiento y, ahora, por requerimiento de la propia Fiscalía. El reloj procesal corre, pero la audiencia de fondo no logra asentarse en el calendario.

La investigación se abrió tras la difusión, en junio de 2022, de un audio en el que se escucharía la voz del entonces vocal Morillo, en presencia de Barreno, solicitando presuntamente apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, respecto de una acción de protección presentada por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Según la hipótesis fiscal, el objetivo habría sido lograr una resolución favorable y expedita.

La teoría del caso apunta a una reunión el 2 de junio de 2022, en un edificio particular al norte de Quito, en la que habrían participado Morillo —como presidente encargado de la Judicatura—, Barreno, el juez Jhayya y otras personas. Allí se habrían abordado los detalles de la apelación a la sentencia de la acción de protección de Llori, que llegó al Tribunal Tercero de la Sala de la Familia de la Corte de Pichincha, integrado por el juez Osejo, entonces presidente de esa Corte. La Fiscalía sostiene que se habría pedido a Osejo “resolver favorablemente el recurso y en el menor tiempo posible”, e incluso se habrían propuesto argumentos para la motivación del fallo.

Los exvocales Barreno y Morillo fueron llamados a juicio como coautores del presunto tráfico de influencias; Jhayya, como supuesto cómplice. La causa ha pasado por tres titulares de la Fiscalía General del Estado: se inició bajo la conducción de Diana Salazar, continuó con Wilson Toainga y ahora será sustentada en audiencia por Carlos Alarcón. En un escrito dirigido a la sala presidida por el juez de la CNJ Rodrigo Sarango, Barreno expresó su preocupación por la falta de celeridad y solicitó que se fije cuanto antes la audiencia de juicio. Tanto ella como Morillo cumplen medidas cautelares de presentación periódica.

De acuerdo con el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el tráfico de influencias se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Esa es la expectativa punitiva que pesa sobre los procesados si el tribunal llega a una sentencia condenatoria. Por ahora, el expediente aguarda un nuevo señalamiento que permita, por fin, abrir la etapa de juzgamiento y resolver un caso que se ha convertido en termómetro de eficiencia y confianza para la administración de justicia.

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