CPC: choque entre Revolución Ciudadana y ADN
El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el juicio político contra David Rosero con su censura y destitución. En el debate, las bancadas de la Revolución Ciudadana y de ADN se intercambiaron acusaciones de haberse apropiado del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) para condicionar nombramientos de autoridades, un señalamiento que muestra la pugna política alrededor de ese organismo.
Qué pasó en el juicio político a David Rosero
El proceso terminó con la censura y separación de Rosero del cargo. El resultado, según varios asambleístas, no fue inesperado: la mayoría oficialista en el Legislativo ya tenía los números para definir la votación.
Luigi García, asambleísta de ADN e integrante de la Comisión de Fiscalización —de mayoría oficialista— reconoció que los votos fueron determinantes en la aprobación del informe que recomendó la interpelación y, finalmente, la destitución de Rosero.
Los defensores de Rosero pidieron que el caso fuera evaluado con los mismos criterios aplicados en otros procesos, pero los opositores y los interpelantes sostuvieron desde distintos ángulos que los hechos y los contextos eran diferentes, lo que alimentó el debate sobre criterios y precedentes en la Asamblea.
Acusaciones cruzadas: ¿quién cooptó al CPC?
El intercambio de señalamientos entre Revolución Ciudadana y ADN fue el hilo conductor del debate. Desde la bancada correísta, Viviana Veloz recordó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) inadmitió en tres ocasiones solicitudes de juicio político presentadas por ese grupo contra integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, incluido Rosero.
Por su parte, representantes de ADN y del oficialismo señalaron que el correísmo también tuvo períodos de influencia en el CPC y que esa historicidad explica parte del conflicto actual. Andrés Castillo, legislador de ADN, recordó episodios en que el correísmo ocupó espacios en el organismo que, en teoría, debe ser autónomo y ciudadano.
El debate incluyó comparaciones con casos previos: algunos asambleístas aludieron a la destitución del consejero Gonzalo Albán en septiembre de 2025, un proceso que, pese a las críticas sobre su legalidad, se resolvió por mayoría en el Pleno. En ese caso, el abogado de Albán, Gonzalo Muñoz, calificó la interpelación y destitución como “imposibles” en términos legales, posición que volvió a relucir en las discusiones sobre estándares aplicables.
Mientras tanto, el interpelante independiente Sergio Peña fue citado por oponer que los casos no son comparables, lo que profundizó el contraste entre líneas políticas y legales.
Por qué el CPC es la “joya de la corona” política
El conflicto alrededor del CPC no es sólo por cargos: tiene efectos prácticos en otros procesos institucionales. El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) está encargado hoy del concurso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, una de las decisiones de mayor impacto en el aparato de justicia.
Ese concurso, en manos de la Comisión Ciudadana de Selección del CPC, mantiene aún a varios aspirantes en carrera:
- Carlos Alarcón —fiscal encargado— sigue como postulante.
- Otros cuatro aspirantes permanecen habilitados tras la depuración de la lista.
- La Comisión descalificó, por el momento, al resto de 21 postulantes; entre los descalificados figuran Daniella Camacho y Maritza Romero, quienes habían obtenido los mejores puntajes en la fase de méritos.
La posibilidad de influir en la selección del Fiscal General explica, en buena medida, la intensidad de las disputas por el control del CPC: desde esa institución se puede condicionar el acceso a mecanismos de investigación y control que afectan a todo el sistema judicial y político.
Repercusiones institucionales y próximos pasos
La destitución de Rosero abre varias interrogantes sobre los criterios de la Asamblea para sancionar a miembros del CPC y sobre la percepción de independencia del organismo ciudadano. Expertos y actores políticos han señalado que la acumulación de decisiones por mayoría política tiende a debilitar la legitimidad de procesos que, en el diseño institucional, debieran permanecer ajenos a intereses partidistas.
A corto plazo, el tránsito más inmediato es la continuidad del concurso para Fiscal General del Estado, que podría sufrir tensiones adicionales si la percepción de cooptación del CPC se profundiza.
También es probable que las bancadas utilicen el episodio para reforzar sus discursos ante la opinión pública: la Revolución Ciudadana denunciará presuntas maniobras de ADN para controlar concursos; la bancada oficialista y aliados denunciarán prácticas previas del correísmo. En ambos casos, la narrativa política se centrará en la idea del “control institucional”.
¿Qué sigue en el proceso para elegir al Fiscal?
La Comisión Ciudadana de Selección debe concluir las etapas pendientes del concurso: revisión de méritos y evaluaciones, entrevistas y, finalmente, la presentación de una terna —si así lo establece el reglamento vigente— al organismo que corresponda según la normativa. Cualquier impugnación administrativa o judicial podrá alargar plazos y aumentar la presión sobre el CPC.
Conclusión
El juicio político a David Rosero dejó a la vista la competencia por el control de una institución considerada clave para la designación de autoridades de control. Más allá del destino personal del consejero, el caso reaviva preguntas sobre la independencia del CPC y la influencia de los bloques políticos en procesos que deberían ser mayormente ciudadanos y técnicos.
Preguntas frecuentes
¿Qué decisión tomó la Asamblea Nacional sobre David Rosero?
La Asamblea censuró y destituyó a David Rosero tras el juicio político en el Pleno.
¿Por qué la disputa se centra en el Consejo de Participación Ciudadana?
Porque el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) administra concursos para elegir autoridades, incluida la Fiscalía General del Estado, lo que le da capacidad de influencia sobre instituciones de control.
¿Qué relación tiene este caso con la elección del Fiscal General?
El CPC, a través de su Comisión Ciudadana de Selección, lleva el concurso para elegir al Fiscal. La percepción de cooptación del CPC puede afectar la legitimidad del proceso y sus resultados.
¿Quiénes siguen en el concurso para Fiscal General?
Entre los postulantes habilitados continúa el fiscal encargado Carlos Alarcón y otros cuatro aspirantes; la Comisión ha descalificado, por ahora, al resto de 21 candidatos, entre ellos a Daniella Camacho y Maritza Romero.
¿Se comparó este juicio con procesos anteriores?
Sí. Durante el debate se mencionó la destitución en septiembre de 2025 del consejero Gonzalo Albán como antecedente de decisiones resueltas por mayoría y cuestionadas por su legalidad.
¿Qué efectos puede tener esta disputa en la institucionalidad?
Puede aumentar la desconfianza en la independencia del CPC y provocar impugnaciones legales o políticas que retrasen nombramientos clave y tensionen la relación entre poderes.
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