Mercedes Caicedo pide perdón y anuncia reestructuración
Mercedes Caicedo pidió perdón por la demora en la administración de justicia y explicó las medidas que impulsa el pleno del Consejo de la Judicatura para reorganizar las cargas de trabajo y recuperar la confianza ciudadana. A 135 días en el cargo, la presidenta detalló la fusión de la unidad especializada en anticorrupción y crimen organizado con otra dependencia penal de la capital, como parte de un plan integral de reordenamiento.
Lide: qué anunció y por qué
La titular del órgano rector señaló que el objetivo central es corregir asimetrías en la distribución de causas: mientras algunas unidades tienen jueces con pocas carpetas, otras están saturadas. En ese marco, la unidad anticorrupción, con 19 jueces y 480 causas activas, se integrará a la unidad de Iñaquito, que cuenta con 31 juzgadores y cerca de cinco mil causas acumuladas.
La medida busca sumar capacidad operativa para acelerar procesos y reducir rezago, aunque la presidenta reconoció que el cambio generó "suspicacias" entre distintos actores por el historial reciente de la institución.
Contexto institucional y cuestionamientos previos
El pleno de la Judicatura enfrenta una crisis de legitimidad que, según Caicedo, tiene raíces en decisiones y conductas de administraciones anteriores. La funcionaria recordó episodios que dejaron secuelas en la percepción pública: la vinculación de exfuncionarios con operadores de redes delictivas y señalamientos de presuntas presiones sobre jueces.
En este punto, Caicedo mencionó casos emblemáticos que sacudieron al sistema, entre ellos la sentencia contra Wilman Terán y las acusaciones que rodearon a exautoridades como Mario Godoy, además de la investigación sobre contactos con abogados vinculados a Leandro Norero. Para la presidenta, esas sombras explican parte del descrédito hacia la Judicatura.
Diagnóstico: causas prescritas y cargas acumuladas
Al tomar la presidencia, el equipo de Caicedo detectó más de mil causas relacionadas con funcionarios judiciales presuntamente ligados a la delincuencia organizada. Muchas de esas investigaciones fueron tramitadas tan tarde que, en varios casos, prescribieron o ya no admiten acciones administrativas.
La falta de respuestas oportunas, sostuvo la presidenta, explica por qué la sociedad hoy demanda una justicia más ágil y confiable. "Pedimos perdón por no dar respuestas que exigen los ciudadanos", afirmó en la entrevista, en la que también detalló medidas de emergencia adoptadas por el pleno.
Medidas concretas: emergencia, depuración y vacantes
El pleno de la Judicatura se declaró en emergencia para atender los pendientes: depuración del personal, evaluación de jueces y cobertura de vacantes. Entre las prioridades está la evaluación de 1.700 jueces a escala nacional, un proceso que, según Caicedo, incorporará por primera vez las llamadas "pruebas de confianza" exigidas por la normativa vigente.
Estas pruebas buscan verificar la veracidad de las declaraciones de los evaluados y detectar inconsistencias. Además, la institución identificó 734 vacantes a nivel nacional y planteó la urgencia de cubrir al menos 200 de ellas para fortalecer la administración de justicia. La presidenta subrayó que el equipo incluso trabajó durante un feriado para levantar información y avanzar con rapidez.
Reestructuración de unidades: cifras y lógica operativa
Según el informe técnico citado por Caicedo, la fusión implicará que, en lugar de mantener 19 jueces especializados en anticorrupción con su carga de 480 causas, el sistema contará con el aporte adicional de 31 juzgadores de Iñaquito. La idea, explicó, es redistribuir expedientes y equilibrar la carga laboral para evitar cuellos de botella.
Aunque la decisión reduce la autonomía de la unidad especializada —lo que ha generado cuestionamientos— la presidenta defendió la medida como una solución temporal y operativa para atender el atraso procesal.
Reconocimiento personal y tensiones internas
Caicedo, quien tiene 16 años de trayectoria en la función judicial y fue jueza penal —además de ponente en el tribunal que conoció el caso Metástasis— admitió que carga sobre sus hombros "una cruz que no es mía" por los errores de gestiones anteriores. Con esa frase sintetizó la sensación de herencia institucional que enfrenta su administración.
La funcionaria pidió paciencia y garantías para que las medidas en curso, desde la depuración hasta las pruebas de confianza, se implementen con criterios técnicos y dentro del marco legal.
Qué queda por resolver y próximos pasos
Entre las tareas inmediatas figuran la culminación de la evaluación de jueces, la aplicación de los mecanismos de verificación, la cobertura de vacantes priorizadas y la puesta en marcha de procedimientos administrativos que permitan sancionar conductas irregulares sin que las causas prescriban por demora.
Caicedo aseguró que el pleno continuará priorizando la transparencia y que las decisiones estarán respaldadas en informes técnicos. Al mismo tiempo, reconoció que recuperar la confianza ciudadana será un proceso gradual.
Cierre
La reestructuración anunciada y las evaluaciones en curso marcan el inicio de una agenda intensa en la Judicatura. La presidenta planteó un horizonte de trabajo centrado en la reactivación procesal y en reducir la mora judicial, en un contexto en que la opinión pública exige resultados rápidos y visibles.
Preguntas frecuentes
¿Por qué se fusiona la unidad anticorrupción con la de Iñaquito?
La fusión responde a un diagnóstico de carga desigual: la unidad anticorrupción tenía 19 jueces y 480 causas, mientras que Iñaquito dispone de 31 jueces y cerca de cinco mil causas. La fusión busca repartir expedientes y agilizar tramitación.
¿Qué son las "pruebas de confianza" en la evaluación de jueces?
Son mecanismos previstos por la legislación para verificar la veracidad de las declaraciones de los evaluados y detectar inconsistencias que puedan afectar su idoneidad para el cargo.
¿Cuántas vacantes hay y cuántas se cubrirán de inmediato?
La Judicatura detectó 734 vacantes a nivel nacional y plantea cubrir de forma prioritaria al menos 200 de ellas para fortalecer la estructura judicial.
¿Qué casos emblemáticos afectan la legitimidad de la Judicatura?
El legado incluye investigaciones y sentencias relacionadas con funcionarios, entre ellas el caso Metástasis y la sentencia contra Wilman Terán, además de señalamientos contra exautoridades como Mario Godoy por presuntas presiones a jueces.
¿Qué plazos maneja la Judicatura para las medidas anunciadas?
La presidenta indicó que las evaluaciones ya están en marcha y que algunas acciones, como la recopilación de información y la priorización de vacantes, se han iniciado de inmediato; no se dieron fechas exactas para la conclusión de todos los procesos.
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