Esmeraldas: Vicko Villacís seguirá en prisión preventiva
La jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, ratificó este jueves 24 de septiembre la orden de prisión preventiva contra Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, y seis personas más procesadas en el denominado caso Blindado, una investigación por presunto lavado de activos que conduce la Fiscalía General del Estado.
En una audiencia de revisión de medidas cautelares, la magistrada concluyó que no existen nuevos elementos que justifiquen sustituir la prisión preventiva por medidas menos gravosas. Además, Camacho dictó prisión preventiva para Carlos Vinicio A., otro procesado en la misma causa, y ordenó su localización y captura a través de Interpol por incumplimiento de la presentación periódica ante la Fiscalía.
Qué resolvió la jueza y por qué
La resolución de la jueza se sustentó, según el tribunal, en la ausencia de hechos nuevos que permitan alterar las medidas cautelares impuestas con anterioridad. Con esta decisión, la prisión preventiva se mantiene para siete de las personas procesadas, entre ellas el alcalde Villacís, detenido el 3 de junio de 2026 durante un operativo policial.
La Fiscalía atribuye a la estructura investigada la movilización de recursos por aproximadamente USD 9 millones, dinero que, según su hipótesis, habría provenido de pagos vinculados con decisiones judiciales favorables en procesos contra empresas estatales. Ese monto y su origen son parte central de la investigación, que apunta a la existencia de una supuesta red conformada por servidores públicos, familiares y particulares.
Alcance de la investigación: quiénes y cuántos
Según el expediente fiscal, en la causa conocida como caso Blindado están procesadas 15 personas naturales y 3 personas jurídicas (empresas). La Fiscalía indaga al menos seis procesos judiciales en los que, sostiene la institución, compañías relacionadas con Villacís habrían obtenido resoluciones favorables.
El Ministerio Público sostiene que los procesados actuaron de forma conjunta y coordinada mediante el uso de estructuras estatales y empresariales, consorcios y empresas fachada. El apodo del caso —“Blindado”—, según la Fiscalía, alude a que parte del dinero investigado habría sido movilizado físicamente en vehículos blindados.
Defensa del alcalde y estado del proceso
En la diligencia, el alcalde de Esmeraldas defendió la legalidad de los movimientos económicos de sus empresas, que forman parte de las indagaciones. Villacís, detenido en junio durante un operativo, mantiene su postura de que las transferencias y operaciones empresariales se realizaron conforme a la normativa vigente, según consta en el registro de la audiencia.
La ratificación de la prisión preventiva implica que el proceso seguirá en curso con medidas de coerción fuertes mientras la Fiscalía profundiza las pesquisas. La instrucción fiscal continuará recabando pruebas, escuchando a testigos y solicitando informes que puedan clarificar la estructura de los presuntos movimientos irregulares.
Orden de captura y medidas adicionales
Por separado, la magistrada dispuso la prisión preventiva de Carlos Vinicio A., procesado en la misma causa, luego de que no cumpliera con la obligación de presentarse periódicamente ante la Fiscalía. Frente a este incumplimiento, la jueza dictó su localización y captura mediante Interpol.
Esa medida subraya la estrategia del tribunal para garantizar la comparecencia de los procesados y evitar riesgos de fuga que puedan obstaculizar la investigación.
Posibles efectos y próximos pasos
La confirmación de la prisión preventiva mantiene bajo custodia a los principales imputados y, a la vez, puede acelerar ciertas diligencias instruidas por la Fiscalía, como requerimientos de información financiera, peritajes contables y citaciones a terceros vinculados a las empresas investigadas.
A nivel institucional, el caso exige coordinación entre instancias judiciales, la Fiscalía y organismos de cooperación internacional cuando las indagaciones impliquen movimientos transnacionales o requerimientos de asistencia judicial.
Por ahora, el proceso sigue en fase de instrucción y la Fiscalía no ha concluido su indagación; cualquier nueva medida —incluidas solicitudes de nuevas imputaciones o de medidas cautelares adicionales— dependerá de la evolución de la recolección probatoria.
Contexto y nombre del proceso
El expediente se denominó “Blindado” por la hipótesis fiscal de que el dinero habría sido transportado en vehículos blindados. Esa denominación se ha utilizado en las comunicaciones del Ministerio Público para identificar la operación compleja que investiga presuntos desvíos y pagos vinculados con resoluciones judiciales favorables a empresas relacionadas con los procesados.
El uso de apodos para causas de alto perfil no altera la carga probatoria ni las garantías procesales; una vez en manos de la Fiscalía y del sistema judicial, los hechos deben probarse en estrados con evidencias, peritajes y testimonios.
Relación con otros procesos judiciales
La Fiscalía indica que al menos seis procesos judiciales están siendo revisados como parte de la investigación principal. En esos casos, la institución procura establecer si hubo influencias indebidas, pagos o estructuras que facilitaron resoluciones favorables a ciertos intereses empresariales.
La identificación de empresas, consorcios y personas naturales vinculadas al caso es central para determinar responsabilidades y posibles vínculos con servidores públicos.
Qué sigue en el caso Blindado
- La Fiscalía continuará con la instrucción fiscal: toma de declaraciones, solicitudes de información y pruebas documentales.
- La defensa de los procesados puede presentar recursos o nuevas solicitudes dirigidas a variar medidas cautelares si aparecen elementos de peso.
- Si se comprueba la participación de personas jurídicas, la Fiscalía podría ampliar acciones civiles o penales contra las empresas implicadas, según las evidencias.
Cierre
La decisión de la jueza Daniella Camacho ratifica la estrategia de mantener medidas cautelares estrictas en causas que, según la Fiscalía, involucran un volumen significativo de recursos y la posible confluencia de actores públicos y privados. El proceso seguirá su curso con la recolección de evidencias y la posibilidad de nuevas resoluciones judiciales en las próximas semanas.
Preguntas frecuentes
¿Quién es la jueza que resolvió la medida?
La jueza es Daniella Camacho, magistrada de la Corte Nacional de Justicia, quien presidió la audiencia de revisión de medidas cautelares el 24 de septiembre.
¿Por qué se llama “caso Blindado”?
La Fiscalía empleó ese nombre porque, según su investigación preliminar, parte del dinero presuntamente involucrado habría sido movilizado físicamente en vehículos blindados.
¿Cuánto dinero investiga la Fiscalía en este caso?
Según el Ministerio Público, la investigación apunta a movimientos por alrededor de USD 9 millones, cifra que forma parte de la indagación y que deberá ser acreditada en el proceso.
¿Cuántas personas y empresas están procesadas?
En total son procesadas 15 personas naturales y 3 personas jurídicas (empresas), según el expediente que lleva la Fiscalía.
¿Qué pasó con Carlos Vinicio A.?
La jueza dictó prisión preventiva para Carlos Vinicio A. y ordenó su localización y captura mediante Interpol por incumplir la obligación de presentarse periódicamente ante la Fiscalía.
¿Qué sigue para el alcalde Vicko Villacís?
Villacís permanece con prisión preventiva mientras la Fiscalía sigue con la investigación. Su defensa ha alegado la legalidad de las operaciones de sus empresas; cualquier cambio en la medida cautelar dependerá de pruebas nuevas que se presenten ante el tribunal.
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